El gran desafío inminente que afronta el gobierno de Alberto Fernández es resolver el conflicto de la deuda pública que mantiene a la Argentina al borde del default y cuyo mayor obstáculo es la negociación con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Pero en el horizonte asoman los enormes problemas de la economía que no se resolverán con medidas de emergencia sino con un programa que garantice el crecimiento sostenible y la reducción de la inflación.
Apenas asumió al frente de la Casa Rosada, Fernández instruyó a todo su equipo económico a instalar un esquema que restablezca momentáneamente los equilibrios múltiples de la macroeconomía y que le permita tener margen de acción para sentarse a discutir con el Fondo.
Con el "plan verano" se desindexaron las jubilaciones, se desactivó el Consenso Fiscal con las provincias y se recurrieron a facultades especiales en el marco de la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva para impulsar medidas que permitan estimular el consumo y sumar presión sobre los sectores generadores de divisas, fundamentalmente el campo.
La dimensión de la deuda pública es asfixiante: el total equivale al 80% del Producto Bruto Interno (PBI) y, según los cálculos de la Consultora Ledesma, los vencimientos de capital y de intereses de este año ascienden a U$S57.618 millones. Y hasta el 2023, se deberán pagar U$S191.119 millones, de los cuales U$S42.358 son para el FMI.
"La condición para pagar es crecer". Esa es la premisa con la que el Presidente analiza con el ministro de Economía, Martín Guzmán, el rediseño del cronograma para pagar los compromisos con los acreedores privados. Son gestiones a contrarreloj porque la fecha límite para sellar un entendimiento es marzo y, a partir de ahí, la Argentina deberá sí o sí retornar al mercado para refinanciarse.
El presidente Fernández se ocupó de enviar señales alentadoras y de mantener buena sintonía con los actores determinantes en esa discusión, como lo es el gobierno de los Estados Unidos debido a su injerencia en el directorio del Fondo. Incluso, el rol de Guzmán es una señal alentadora: el ministro es un especialista en deuda que cosechó elogios públicos de Joseph Stiglitz: "Es la persona indicada, en el lugar justo y el momento correcto", dijo el Nobel en Economía.
"Estas primeras medidas nos hacen ver que el Gobierno se va moviendo en una dirección positiva", destacó ayer Alejandro Werner, director del FMI para el Hemisferio Occidental.
Pero hasta los más optimistas advierten que la resolución exitosa de ese frente será el primer paso para encarar los complejos problemas de la economía doméstica, donde las amenazas reinantes son la incapacidad para apuntalar la generación de dólares y comenzar a contener a una inflación que todo lo distorsiona.
Por lo pronto la lógica que aplicará el Gobierno de Fernández para emprender ese camino es una enorme incógnita y el ministro Guzmán aclaró que ese reclamado programa de largo plazo recién se esbozará cuando la Argentina resuelva la crisis con los bonistas.
Momentáneamente las esperanzas de la Casa Rosada y hasta del Banco Central se basan en la efectividad que pueda llegar a tener el Pacto Social, con el que se busca comprometer a empresarios y sindicalistas en la lucha contra la avanzada de los precios, y en el nuevo formato del extremo cepo cambiario que llevó al dólar minorista a negociarse cerca de los 82 pesos.
Ambas cosas demandarán tiempo, tal como lo aclaró el titular del Central, Miguel Pesce, quien explicó que el cepo permanecerá, por lo menos, hasta que el país vuelva exportar U$S90.000 millones y que los primeros logros de la cruzada contra los precios recién se percibirán en el tramo final del 2021. Hasta ahora se sabe que las proyecciones privadas anticipan una inflación que este año superará el 42%.
Así las cosas, el segundo semestre del año constituirá una bisagra para la administración de Fernández, porque se deberán reemplazar las acciones de emergencia por las medidas de largo plazo que proyectarán la impronta que tendrá su política económica. Las proyecciones del FMI, que viene revisando la cuentas públicas desde finales de 2018, indican que el PBI argentino volverá a caer en 2020 (-1,3%).
Y uno de los primeros pasos obligados será la presentación del programa para las actualizaciones del sistema previsional. Fernández ya adelantó que la fórmula que se puso en marcha y que se suspendió "era impagable" y todo indica que le nuevo esquema deberá ajustarse a las necesidades del Gobierno de equilibrar las cuentas para cumplir con cualquier compromiso que cierre con los tenedores de deuda.
