El Frente de Izquierda – Unidad, que impulsa las candidaturas de Nicolás del Caño a presidente y de Romina del Plá a vicepresidente, ponderó entre sus propuestas de campaña su compromiso para que "la crisis la paguen los capitalistas" y para hacerle frente al "ajuste y al Fondo Monetario Internacional".
La plataforma electoral del espacio propone anular los tarifazos, legalizar el aborto, rechazar cualquier intento por reformar las leyes laborales y previsionales, impedir la represión, la criminalización de la protesta y el "gatillo fácil", y triplicar el presupuesto educativo en todos sus niveles.
La coalición de izquierda denunció que el crédito que el gobierno de Mauricio Macri le solicitó financió la fuga de capitales y que "el conjunto de la deuda externa es impagable". Por ello, plantean que "es necesario romper con el FMI, cesar con el pago de la deuda ilegítima, y nacionalizar la banca y el comercio exterior bajo el control de los trabajadores" para "destinar el ahorro nacional a un plan de reindustrialización del país".
En ese sentido, también rechazan la reforma laboral y de las jubilaciones que "reclama el FMI" y, por el contrario, plantean: "Salario mínimo igual al costo de la canasta familiar (hoy en $45 mil) indexado por inflación; prohibición de despidos y suspensiones; reparto de las horas de trabajo, entre ocupados y desocupados, sin reducir los salarios; estatización sin pago y puesta en producción de toda fábrica que cierre o despida, bajo control de sus trabajadores".
Más allá de revertir los aumentos de tarifas, anticipan que, si ganan las elecciones, impulsarán la "nacionalización integral sin resarcimiento de las empresas de energía y de transporte".
"Anticonceptivos para no abortar, Educación sexual integral para decidir. Aborto legal, seguro y gratuito para no morir", son las posturas que defienden en el Frente de Izquierda. También reiteran su decisión de concretar "la separación de la Iglesia del Estado", incluyendo "la confiscación de todos los bienes y el fin de los beneficios económicos otorgados a las Iglesias".
Para contrarrestar la violencia de género, proponen crear un "Consejo autónomo de mujeres, con recursos del Estado e independiente de él, electo y revocable por las propias mujeres" y "la asistencia en materia de vivienda y trabajo y la asistencia médica y psicológica".
Entre sus promesas de campaña también figuran la anulación del sistema de crédito UVA. Y para resolver la problemática del acceso a la vivienda promueven la "asignación del suelo urbano ocioso" y la puesta en marcha de un "plan masivo de construcción de viviendas y urbanización de los barrios populares bajo control de los vecinos, financiado con un impuesto extraordinario a los especuladores financieros, a los bancos y grandes capitalistas".