Esteban Gaitan
Algunos piensan que son herramientas para "mantener vagos". Otros, un sostén del Estado para evitar un estallido. Las opiniones sobre los planes sociales en la política argentina están muy divididas. Pero hay un consenso: mientras la economía no genere empleo genuino privado no habrá solución.
Ante la consulta de Vía País, los seis frentes electorales que competirán el 27 por la presidencia de la República dijeron que, de ganar, tendrán que conservar los programas sociales por el contexto de crisis y pobreza creciente.
También es coincidente la idea entre todos que esos planes deben convertirse en trabajo para que las personas en situación de vulnerabilidad no dependan exclusivamente de una contribución del Estado.
En la Argentina hay 3.912.342 de chicos que cobran Asignación Universal por Hijo, para los que este año se destinarán 129.500 millones de pesos. Y existen para desocupados 450.000 planes, por los que se paga 8.000 pesos por persona.
Los planes sociales, que ingresaron al escenario político y fiscal de la mano de Eduardo Duhalde como consecuencia de la crisis del 2001, se ampliaron a medida que pasaron los años y hoy representan un elevado gasto para el Estado.
En el equipo de campaña de Juntos por el Cambio defendieron que el Gobierno haya aumentado la cobertura de los planes sociales, por ejemplo extendiendo la AUH a monotributistas. Aseguran que es clave para el desarrollo humano "un piso mínimo de ingresos para las familias".
“El objetivo es no limitarnos a una visión asistencial de la política social y buscar incidir en los factores de base de una integración cívica y social plena”, expresaron desde el equipo de Mauricio Macri.
Y aseguran que, en un eventual segundo mandato, profundizarían las políticas apuntadas al "desarrollo de habilidades" para que quienes cobran planes puedan ir insertándose en el mercado laboral de forma progresiva.
Al iniciar el Gobierno, el ministerio de Trabajo estimaba que con del "Plan Empalme" 80.000 de las 450.000 personas que cobraban planes podían pasar a un trabajo formal. Pero tras tres años y medio, pasaron solo 12.280. Influyó el contexto recesivo que caracterizó a gran parte del mandato actual de Macri.
Por orden de Alberto Fernández, el Frente de Todos lo tiene al diputado Daniel Arroyo trabajando el tema. Es quien suena como nombre puesto para el cargo de ministro de Desarrollo Social, por ende, quien tendrá que lidiar con la cuestión.
La propuesta tiene tres dimensiones. En principio, crear un nexo entre el colegio secundario y el trabajo, y luego entre planes sociales y trabajo. En segundo lugar, que el plan social y el trabajo en blanco convivan por un tiempo: cuando una persona consigue un empleo cobrará la ayuda del Estado por 24 meses, con una disminución progresiva.
El tramo final del plan de Arroyo implica un sistema de créditos no bancarios con una tasa de alrededor del 3 por ciento anual para la compra de herramientas y máquinas para asociar a las personas con el trabajo ligado al mercado interno.
Diferentes miradas
Consenso Federal propone alivianar el costo de vida de quienes cobran planes, como primera medida. Para ello, habla de la devolución del 15 por ciento del IVA. Y establecer nexos entre Desarrollo Social con el mundo empresarial para ir insertando trabajadores a medida que crezca la economía.
En consonancia con el resto, en el Frente de Izquierda y de los Trabajadores-Unidad hicieron hincapié en la desocupación, la pobreza y la crisis económica. "Nuestro planteo es que todo aquel que realiza actividades precarias a cambio de un plan en los municipios, hospitales y escuelas debe pasar inmediatamente a planta permanente y trabajar bajo convenio", dicen.
En ese espacio sostienen que para que todos puedan acceder a un trabajo registrado y bajo convenio y para terminar con la desocupación hay que reducir la jornada laboral sin afectar el salario y repartir el trabajo entre ocupados y desocupados, con un mínimo salarial que cubra el costo de la canasta familiar, explicaron desde el equipo de Nicolás del Caño.
Los más duros
El Frente Nos, liderado por Juan José Gómez Centurión, considera que es "indispensable" reempadronar a todos los receptores de planes sociales y redefinir quiénes tiene una necesidad imperiosa de recibirlos "por un tiempo prefijado".
Consideraron que debe haber una contraprestación por parte del beneficiario, que se desarrollará "en el ámbito de las Fuerzas Armadas". Se implementaría un "Servicio Militar Optativo" de al menos dos años para aquellos que no estudien ni trabajen.
En el Frente Despertar, que lidera José Luis Espert, proponen otorgar planes "a cambio de una contraprestación laboral", con una salvedad: "Se pagará más a los que menos hijos tienen". Y agregan: "No hay que subsidiar el aumento de la pobreza, sino dar subsidios a las madres en función inversa a la cantidad de hijos que se tienen".
