En las oficinas de Alberto Fernández rechazan hablar de reforma laboral, pero lo que tienen entre manos tiene que ver con eso. El equipo económico está armando un plan que contempla un acuerdo de precios, salarios y productividad, con reparto de las ganancias empresariales entre los trabajadores.
El plan tiene dos objetivos muy ambiciosos: un piso de 500.000 nuevos empleos y atenuar la inflación. En la calle México 337 optan por no hablar de plazos. Y recuerdan lo que pasó con el actual Gobierno cuando en 2016 anunció metas imposibles que jamás se cumplieron.
"Esto no tiene nada que ver con la reforma a lo Brasil o Francia", le dijo a este diario uno de los economistas que está al frente de la iniciativa. Tras la firma de un pacto de paz social por 180 días, habrá una mesa de extensa discusión.
Allí estarán sentados el eventual ministro de Trabajo de Fernández; la conducción de la Unión Industrial Argentina (UIA) y la Asociación Empresaria (AEA), a los que definen como "formadores de precios"; y la representación sindical: la CGT y las dos CTA.
Mauricio Macri había abierto el debate ni bien asumió. Planteó una reforma amplia e integral, modificando las leyes laborales. Pero lo frenaron el sindicalismo, el kirchnerismo y el peronismo liderado por quien hoy es su compañero de fórmula, Miguel Ángel Pichetto.
Ante ese fracaso inicial, Cambiemos avanzó con acuerdos sectoriales. Se modificaron convenios de petroleros, mecánicos y ferroviarios, entre otros. Se intentó con los metalúrgicos, pero la UOM lo rechazó.
En el albertismo afirman y reafirman que su iniciativa nada tiene que ver con lo que intentó el macrismo al principio. Pero sí va en línea con esa segunda etapa de negociaciones sector por sector. Lo distinto, expresan, será el paradigma de origen en la discusión.
Incluso se desmarcan allí de algunas medidas implementadas por Macri. "Hicieron una reforma tributaria con reducción de los aportes patronales y sin embargo en el último año se perdieron 250.000 empleos. No hay secretos, si la economía no crece eso no funciona", afirman.
Ni por casualidad, sostienen, Fernández permitirá un cambio en la regulación que elimine derechos. Por ejemplo, en el Grupo Callao (que agrupa a los economistas del albertismo) no conciben la posibilidad de eliminar o reducir indemnizaciones o impulsar "contratos basura".
Si despedir tuviera costo cero, remarcan, los despidos del último año se habrían multiplicado y hoy se estaría hablando de un índice de desocupación más cercano al 15% que al 10,6% actual. Y eso, añaden, habría profundizado la recesión.
Hacen hincapié: nada tiene que ver la iniciativa con la reforma sancionada en julio de 2017 en Brasil. Allí se abrió juego a acuerdos por sector, empresa e individuales que tienen preeminencia sobre la legislación vigente.
En el Brasil de Michel Temer los contratos privados pasaron a ser más importantes que las convenciones colectivas. También se flexibilizaron las condiciones de despido. Y ahora Jair Bolsonaro quiere completar la tarea: va por los empleados públicos.
Aseguran en San Telmo que la idea de que la desregulación laboral genera más empleo no tiene evidencia concreta. Y señalan: el número de trabajadores que cotizan en la seguridad social en Brasil cayó un 1 por ciento en 2018, hubo 324.000 personas menos.
La mayoría de los factores de la reforma brasileña son considerados "imposibles" o "inviables" en el Frente de Todos porque, dicen, están en las antípodas de la cosmovisión política que el albertismo o peronismo kirchnerista tiene sobre el entramado socioeconómico del país, sus fortalezas y debilidades.
Incluso, aseguran que una reforma laboral como la brasileña o la francesa, no solo afectaría los derechos de los trabajadores incrementando la conflictividad social sino que también recortaría las propias posibilidades de expansión de la economía.
Están abiertos a revisar las relaciones laborales y actualizar convenios. Señalan que hay que discutir la incursión de las nuevas tecnologías: "No es lo mismo una metalúrgica de hace treinta años que el operador de una startup (empresa emergente) de hoy", dicen.
Y, por el lado de las patronales, agregan un elemento que podría generar ruido con el sector empresarial. Plantean acuerdos por productividad con reparto de la ganancia extraordinaria entre los dueños del capital y los trabajadores.
Suenan entre los comentarios elogios para lo que impulsó Bridgestone Firestone. Tras la crisis de 2001, la fábrica de neumáticos acordó con el sindicato que repartiría los beneficios cuando superaran el 6%.
Ese acuerdo negociado por la firma el Sindicato Único de los Trabajadores de Neumático Argentino (Sutna) indica que a fin de año se ve el balance de la empresa y si la ganancia neta, libre de impuestos, supera el 6%, un tercio va para los trabajadores.
Un aumento en la productividad podría tener, también, impacto en precios porque aumentaría la oferta. Desestiman que ese flagelo se resuelva sólo con decisiones monetaristas. Por ello, en el Frente de Todos consideran que será sustancial un acuerdo de salarios y precios desde el arranque.