Una áspera disputa se cocina al calor del congelamiento de combustibles, con un destino que podría deparar juicios millonarios contra el Estado si el gobierno de Mauricio Macri no reacciona y resuelve la contienda, aunque cuando esto pueda generarle un mayor estrés electoral.
Todavía sin reponerse del golpazo electoral, la gestión Macri observa que parte de su política energética ha caído en tela de juicio de quienes la defendían, las empresas, que junto a los gobernadores –que tienen más urgencias fiscales que la Nación- elevan la presión.
El reclamo apunta contra el congelamiento del precio del barril criollo de petróleo en 59 dólares (contemplando ya las compensaciones) y del tipo de cambio de 45,19 pesos con el que opera este sector, cuando el precio de la divisa es de 56,10 pesos en el segmento mayorista.
Para calmar las aguas, la Casa Rosada oficializó un pago de compensaciones por 1.740 millones de pesos. El 88% de ese dinero para las petroleras y el 12% restante para las provincias. Pero ambos destinatarios lo rechazan, quieren que el mercado vuelva a liberarse.
Liberar el mercado significaría un inmediato aumento en los surtidores. "Hoy hay una desactualización del 38%, según la variación del dólar, los biocombustibles (con los que se cortan las naftas) y el crudo", advirtió este martes el presidente de la Federación de Expendedores de Combustibles del Centro de la República Argentina (Fecac), Gabriel Bornoroni.
Carlos Gold, presidente de la Confederación de Entidades del Comercio de Hidrocarburos y Afines (Cecha), consideró que el precio del combustible tiene que responder al "libre juego de la oferta y la demanda", porque eso les permite a los estacioneros captar clientes con el servicio integral que ofrecen. No obstante, aclaró que si hay un descongelamiento tendrá que ser progresivo por "la situación social y económica".
En el ministerio de Hacienda aseguran que, al menos por ahora, el congelamiento de precios sigue firme hasta el 12 de noviembre. Pero admiten que se está analizando incrementar compensaciones o ir a un descongelamiento gradual desde el 1 de noviembre.
Para pagar las compensaciones, la secretaría de Energía que conduce Gustavo Lopetegui exige que las provincias levanten las demandas y pide a las empresas un compromiso firmado que mantenga indemne al Estado nacional de cualquier potencial reclamo, por la vía que sea.
Esto fue abiertamente rechazado por Vista & Oil, firma dirigida por el ex CEO de YPF Miguel Galuccio. Incluso, ya presentó un amparo en el juzgado en lo Contencioso Administrativo encabezado por Pablo Cayssials, que ya le pidió al Ministerio Público Fiscal que opine en qué fuero debe tramitar esa demanda.
La Cámara de Empresas Pymes Regionales Elaboradoras de Biocombustibles (CEPREB) denunció “una maniobra completamente extorsiva por parte del gobierno”, por lo que expresó su “profundo rechazo”.
La CEPREB dijo que no sólo no se le están respetando los precios prestablecidos, sino que hubo una “omisión intencional” por parte del Gobierno de fiscalizar el cumplimiento del corte obligatorio y la compra de biodiesel a las pymes, conforme lo establece la ley 26.093.
Protesta de gobernadores
Omar Gutiérrez, gobernador del Neuquén, y su par de Río Negro, Alberto Weretilneck, rechazaron las compensaciones. También lo hicieron los mandatarios de Chubut, Mariano Arcioni, y de Santa Cruz, Alicia Kirchner.
Son esas las mismas cuatro provincias que en la semana del 20 de agosto fueron a la Corte Suprema de Justicia para que se declare la inconstitucionalidad del decreto del Poder Ejecutivo que estableció el congelamiento por el plazo de 90 días.
Fuentes del máximo tribunal dijeron a este medio que, al menos por el momento, no está prevista una decisión. El tema ya estuvo en análisis de al menos dos ministros. Pero no fue parte de las reuniones de acordada y no hay fecha para su tratamiento.
El ministro chubutense de Hidrocarburos, Martín Cerdá, explicó la causa del rechazo. "No es nada lo que ofrecen, es una gota en el mar: nos ofrecen 'compensaciones' por 40 millones de pesos sólo por septiembre. Pero la provincia pierde unos 700 millones por mes".
Emilio Guiñazú, subsecretario de Minería y Energía de Mendoza, dijo en diálogo con Radio Andina que el gobierno de Alfredo Cornejo está analizando los pasos a seguir. "Esto es una situación de compromiso que obviamente nunca va a dejar satisfechas a todas las partes", dijo.
“Vamos a ser muy prudentes para tomar la medida que más beneficie a Mendoza en el largo plazo teniendo en cuenta el actual contexto, donde a nadie le conviene mayor tensión social o mayor inflación”, agregó en un claro guiño a la decisión nacional.
Dese una tercera posición, el ex secretario de Recursos Hidrocarburíferos de la Nación José Luis Sureda opinó que al margen de la coyuntura, el problema central es que el Gobierno "no sabe cómo se va a salir el día 91", cuando venza el congelamiento.