Leandro Boyer
El Gobierno nacional calificó este jueves como "política y extemporánea" a la demanda que el gobernador de San Juan, el peronista Sergio Uñac, elevó a la Corte Suprema de Justicia para reclamarle a Vialidad Nacional (CV) el pago de más de $875 millones por las obras que se realizaron, fundamentalmente, sobre la Ruta 40.
"Esto es absolutamente político y extemporáneo. Me alegro que vaya a la Justicia porque está en su derecho, pero nosotros estamos muy tranquilos porque hemos pagado lo que debemos", sentenció en diálogo con este medio la mendocina Patricia Gutiérrez, titular de VN.
Gutiérrez cuestionó las intenciones que lo motivaron a Uñac a recurrir al máximo tribunal porque, afirmó, los términos de los compromisos mutuos se dejaron en claro en el convenio que se firmó en 2018 para saldar una serie de históricos reclamos que la provincia impulsó por hacerse cargo de obras incompletas de VN.
“En realidad estaba muy claro en el convenio”, subrayó Gutiérrez. Según aquel entendimiento formal, al que tuvo acceso este medio, se estableció que “VN reintegrará a la provincia los recursos ya aportados en inversiones efectuadas” por “la suma actualizada de $2.200 millones” a pagar en cuatro cuotas de $440 millones.
Sin embargo, ese mismo escrito indicó que "las partes acuerdan que los montos consignados se encuentran sujetos a revisión por parte de las áreas competentes de VN y de la provincia" y puntualmente que San Juan "entregará la documentación respaldatoria aún no presentada" para que VN realice la "verificación correspondiente".
Y por ello, Gutiérrez planteó que desde la administración que conduce Uñac “reclaman dos cuotas, pero no presentaron los certificados”. “Si los hubieran presentado, se les hubiera pagado”, replicó.
Para reforzar esos argumentos, la coordinadora de Gestión de VN, Pilar Orelogio, agregó que “a San Juan no se le puede pagar una deuda que no esté demostrada en los papeles”.
Explicó que eso representaría una grave irregularidad en el marco de la lucha contra la corrupción en el ámbito de la obra pública. “El Estado no puede pagar algo que no se comprueba. Lo tienen que demostrar en los papeles. Si no, qué legalidad tendríamos nosotros”, agregó.
El propio Uñac salió a negar esa situación luego de una reunión que mantuvo con el ministro de Transporte, Guillermo Dietrich. "Vamos a la justicia después de dar haber agotado el reclamo administrativo", justificó el mandatario provincial.
Según explicó la titular de VN, en aquel acuerdo marco del año pasado se acercaron posiciones respecto a las deudas del Gobierno nacional por las “obras ejecutadas y abonadas” por San Juan, aunque el monto se definió sin un estudio contable previo para constatar el volumen total de los fondos que la provincia alegó destinar en las obras viales. En VN dicen que San Juan reclamaba en aquel momento unos $3.500 millones pero que aceptaron firmar por $2.200 millones.
Aquel convenio contempló las partidas para las rutas nacionales 40 (sur), 40 (norte), 150, 20, 141 y 149; las rutas provinciales 414, 246, 14, 1, 511 y 12, y se contemplaron las deudas por los “Temas de Estudio” del Túnel de Agua Negra.
Los tironeos por los fondos no son nuevos, corresponden a obras que se iniciaron en 2010 pero comenzaron a tomar forma en 2016, cuando el Gobierno nacional reconoció a través de un convenio las deudas y una actualización de montos.
En aquella oportunidad, el total ascendía a $2.600 millones ($1600 millones de adenda) y de eso se pagó una cuota de $600 millones y la adenda se trató de cubrir con obras pero, según sostienen en VN, solamente se cancelaron $450 millones. El rojo restante pasó a integrar el nuevo universo en conflicto.
La situación no sólo no se resolvió de la mejor manera, según VN por el incumplimiento en la entrega de la documentación para certificar los montos reclamados, sino que San Juan pretende que los montos se actualicen en relación al dólar, que desde la firma del último acuerdo acumuló un salto de 200 por ciento.
Por esto último, el gobernador Uñac manifestó días atrás: “Presentamos el primer juicio a Vialidad Nacional, por 875 millones de pesos que es lo exigible y estamos juntando documentación de 1.500 millones adicionales que es lo que nos corresponde”.
Para la titular de VN es poco probable que ese planteo prospere. “Me parece que es muy difícil que la Corte Suprema habrá tremenda Caja de Pandora que diga que se pueden dolarizar las deudas. Es complicado”, opinó.
Gutiérrez consideró que la cuestión dependerá de la revisión contable que hagan ahora los peritos de la Corte Suprema.