Horacio Serafini
La justicia federal imputó al ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, y al extitular de Vialidad Nacional, Javier Iguacel, por haber cometido presuntos delitos relacionados con la supuesta ampliación irregular de los contratos de concesión de rutas nacionales.
Los dos funcionarios del gobierno de Mauricio Macri fueron imputados por el fiscal federal porteño Eduardo Taiano de negociaciones incompatibles con la función pública, abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público, mal desempeño y falsedad ideológica, en una causa que ahora deberá investigar el juez Sebastián Casanello.
La decisión del fiscal trascendió este jueves de fuentes judiciales de Comodoro Py, sede de los tribunales federales porteños, pero fue tomada ayer, el mismo día en que en la causa sobre el Correo Argentino S.A.
La causa se abrió a partir de una denuncia que hizo y ratificó el Sindicato de Trabajadores Viales y Afines de la República Argentina (Stvyara), que conduce Graciela Aleñá, y ayer el fiscal Taiano imputó a Dietrich e Iguacel de “ampliación ilegal e ilegítima del plazo de contrato de las concesiones por peaje”.
"Nosotros denunciamos en la justicia que se abonaron a las concesionarias 30.000 millones de pesos con fondos del Estado Nacional cuando habían vencido todos y cada uno de los contratos de los corredores Viales concesionados, pero Iguacel y Dietrich los continuaron de manera irregular para favorecer a las empresas", explicó Aleña.
Según la dirigente sindical, la más beneficiada con esas prórrogas fue Iecsa, ahora Sacde. "Es la número 1 en cuanto al volumen y monto de los contratos, cuando previo a esta maniobra irregular se encontraba entre el séptimo y noveno lugar", dijo.
El texto de la denuncia señala que “Dietrich e Iguacel utilizaron una seudo resolución para continuar emitiendo y pagando certificados de obras en perjuicio de la Dirección Nacional de Vialidad y del Tesoro de la Nación, por valores superiores a los $ 30.000 millones, según surge de los sistemas de la propia Vialidad, más todo lo recaudado por las empresas en las cabinas de peaje”.
Las empresas concesionarias beneficiadas por esa prórroga en la continuidad de las operaciones por peaje de los corredores viales fueron siete. Entre ellas, además de Iecsa, están: Benito Roggio SA, Petersen, José Cartelloni Constricciones Civiles SA, Rovella Carranza SA.
La denuncia precisó que Iguacel emitió una resolución prolongando los plazos de los contratos de los corredores viales, que se habían firmado en 2010 y vencían el 21 de abril de 2016 con la posibilidad de extenderse un año más, omitiendo el decreto 1288 de 2016 que ordenaba que esos corredores debían volver a licitarse.
De ese modo, señaló, los funcionarios buscaron "beneficiar a un pequeño grupo, de influyentes constructoras, en perjuicio del Estado Nacional". El texto continúa diciendo que por quince meses, "las concesionarias continuaron de forma ilegítima e ilegal cobrando peaje y como frutilla del postre fueron favorecidas con el aumento constante de las tarifas".
Por la corresponsalía de Buenos Aires.