La Justicia dio inicio formal a la causa penal que investigará a los directivos de Galeno, la empresa dueña del Sanatorio La Trinidad.


La Justicia dio inicio formal a la causa penal que investigará a los directivos de Galeno, la empresa dueña del Sanatorio La Trinidad, por el presunto encubrimiento de las causas que llevaron a la muerte de la periodista Débora Pérez Volpin durante un estudio endoscópico, el 6 de febrero de 2018.

Tal lo dispuesto por el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional número 8 de la Capital Federal en el fallo que condenó al endoscopista Diego Bialolenkier por el “homicidio culposo” de la periodista, la Justicia dio curso a una investigación penal contra Galeno, que recayó en el mismo juzgado y la misma fiscalía que intervinieron en la instrucción de la investigación de la muerte de Pérez Volpin.

Se trata del juez en lo criminal y correccional Carlos Bruniard, y de la fiscal Nancy Olivieri, quienes se habían estado a cargo de la pesquisa que derivó en el juicio oral y público que se desarrolló en julio pasado, en plena feria judicial de invierno, y terminó con la condena del endoscopista y la absolución de la anestesista Nélida Inés Puente.

En este marco, el abogado de la familia Pérez Volpin consignó a la agencia Télam que la semana próxima se presentará ante ese juzgado para pedir formalmente constituirse en querellante en este nuevo expediente, tal como lo habían anticipado en distintas oportunidades durante el debate oral y público que tuvo lugar en el emblemático Salón de los Derechos Humanos del Palacio de Justicia.

Además, el abogado Diego Pirota adelantó que el lunes próximo apelarán el fallo del Tribunal Oral en lo referido a la condena impuesta al endoscopista y a la absolución de la anestesista Nélida Inés Puente.

Concretamente, lo que la familia reclamaría a Casación es que la inhabilitación por siete años y medio a Bialolenkier para ejercer su profesión sea extendida a 10 años, tal como la querella lo había solicitado en el juicio oral, que finalizó con una condena a tres años de prisión en suspenso, y a siete años y medio de inhabilitación para el endoscopista.

En tanto, en lo referido a Puente, la familia de la periodista y legisladora porteña del espacio encabezado por Martín Lousteau pedirá que se revoque su absolución, y que también se la condene por el “homicidio culposo” de Débora Pérez Volpin y se la inhabilite para ejercer su profesión.





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