Esteban Gaitan
Tras casi 50 días de investigación, la causa por la masacre de San Miguel del Monte en la que murieron cuatro chicos, sigue arrojando novedades: la fiscalía pidió que se vuelva a detener a tres policías que habían sido puestos en libertad por la Justicia, mientras otras once personas continúan con prisión preventiva.
El fiscal Lisandro Damonte presentó un recurso de apelación en relación a la negativa de detención de Christian Rogero, Juan Manuel Gutiérrez y Nadia Genaro, agentes policiales que fueron liberados por orden de la Cámara de Apelaciones y Garantías de La Plata por falta de mérito.
A la oficial subayudante Genaro le habían dictado la prisión preventiva el 24 de junio por "falsedad ideológica de instrumento público agravado, abuso de autoridad y violación de los deberes del funcionario público". Pero el viernes último le concedieron la excarcelación, dando lugar al pedido de su abogado defensor, Guillermo Baqué.
Según explicaron fuentes judiciales a Vía País, el juez atribuyó que Genaro no intervino en ninguna adulteración de documentación pública -había escrito mal el número del móvil involucrado en la masacre-. De todas maneras, más allá de la excarcelación, seguirá procesada y va rumbo al juicio oral.
Por su parte, los también policías Roghero y Gutiérrez estaban acusados por encubrimiento y falsedad ideológica en el caso, pero el juez Eduardo Silva Pelossi dictó la falta de mérito y quedaron en libertad el viernes pasado. Ahora, el fiscal de la causa pidió que ambos y Genaro vuelvan a la cárcel.
Silva Pelossi accedió parcialmente al pedido del fiscal Damonte y mantuvo firme la decisión de que los otros 10 policías detenidos y el exsecretario de Seguridad de San Miguel del Monte, Claudio Martínez, permanezcan con prisión preventiva por diferentes grados de responsabilidad o presunto encubrimiento de la masacre.
En la madrugada del 21 de mayo pasado, en la ciudad ubicada 112 kilómetros al sur de la Capital Federal, una persecución policial a tiros hizo que un Fiat 147 Spazio se estrellara contra el acoplado de un camión estacionado y por ello murieron Gonzalo Domínguez (14), Camila López (13), Danilo Sansone (13) y Aníbal Suárez (22), mientras que Rocío Guagliarello (13) sufrió heridas gravísimas.
En la resolución, el magistrado acusó a los policías Rubén Alberto García, Leonardo Daniel Ecilape, Manuel Monreal y Mariano Alejandro Ibáñez por el delito de "homicidio agravado por abuso de función como miembro de las fuerzas policiales calificado por el empleo de arma de juego consumado y en tentativa". Y ordenó la prisión de otros agentes y funcionarios por supuesto encubrimiento.
La declaración de la sobreviviente
Desde la fiscalía especializada en drogas de La Plata informaron a este medio que Rocío Guagliariello, la única sobreviviente de la masacre, todavía no declaró y no hay fecha estipulada para que la joven se presente ante la Justicia.
Esa versión fue confirmada por el abogado de Rocío, Ricardo Minolli, quien le aseguró a este medio que la adolescente "no recuerda nada" del día del accidente por el traumatismo que sufrió en el cráneo, tras la persecución que terminó con la vida de sus cuatro amigos, con los que iba en el Fiat 147 Spazio.
Desconfianza en la Justicia
Familiares de Rocío dijeron a este diario que creen que el caso va a "terminar en la nada", luego de que se conociera la excarcelación de Genaro, la oficial subayudante que se encontraba detenida por la persecución fatal del 20 de mayo de este año.
"La intendenta (de San Miguel del Monte) Sandra Mayol está escondida, no se presentó nunca (ante la Justicia). Cristián Ritondo (ministro de Seguridad bonaerense) fue una sola vez al hospital y nada más. Hay mucha corrupción en la Policía, no es el primer caso que se da en el pueblo", dijeron a este medio familiares de Rocío.
Apoyando la postura de los familiares de la única sobreviviente, la Comisión por la Memoria presentó un informe en el que responsabiliza al Estado por la masacre. En el mismo, expresan su preocupación por el accionar de la Policía no solo en este caso sino por otros antecedentes de hostigamiento y detenciones arbitrarias.