"Señora, somos grandes ¿Usted es tarada? ¿Es mogólica? ¿Es discapacitada?", le dijo a una denunciante. Además mandó quemar expedientes y burocratizó procesos judiciales.


Julieta María Ormaechea, jueza de Paz de San Vicente, Buenos Aires, fue licenciada de su cargo por 90 tras haber sido denunciada por maltratar a víctimas de violencia intrafamiliar, quemar expedientes y burocratizar los procesos.

Julieta Maria Ormaechea (Web)

‘Señora, somos grandes ¿Usted es tarada? ¿Es mogólica? ¿Es discapacitada?… Vuelva con él y déjese de molestar”, le dijo la magistrada a una mujer que había sido violentada por su marido. Este y otros maltratos constan en el expediente que detalla “un actuar impropio de un magistrado”.

Ormaechea también está señalada por exigir la ratificación de las denuncias, cuando la ley 12.569 de Violencia Familiar no lo dispone, es decir, limitar el acceso a la justicia e impedir el dictado de medidas urgentes, publicó Clarín.

Además, se la acusa de mandar a quemar expedientes de causas de violencia de género, impidiendo así que se incorporen a las estadísticas, y de exigir patrocinio letrado en etapas procesales donde no era necesario, o exigirle a las mujeres denunciantes que viajaran a lugares lejanos, para complicar los trámites de las denuncias.

La resolución de licencia de Julieta Maria Ormaechea (Web)

El expediente también habla de que Ormaechea “negó de forma sistemática las medidas cautelares protectorias“, “denegó alimentos en supuestos en que su determinación resultaba urgente” y “celebró audiencias en forma conjunta entre las víctimas y victimarios“.

Por todos estos motivos, la Suprema Corte de Justicia bonaerense dispuso una licencia por 90 días, a partir del 2 de mayo último a la titular del Juzgado de Paz de San Vicente.

Fuentes judiciales explicaron que la Subsecretaría de Control Disciplinario de la Suprema Corte bonaerense abrió un expediente administrativo a la magistrada, tras una denuncia presentada por el procurador provincial, Julio Conte Grand, el 17 de abril pasado, en la que la acusó de “quebrantar las normas protectoras contra la violencia familiar”.

Mediante la resolución 328/19, a la que tuvo acceso Télam, se plantea que la decisión de suspender a la magistrada se adopta “para evitar la repetición de nuevos hechos reprochables”.






Comentarios