Mujeres presiden sólo uno de cada diez municipios en Argentina

De un total de 2.271 municipios en el país, sólo 267 son conducidos por mujeres. En el sector corporativo, la desigualdad es aún más elevada. 

ENMCHubut
ENMCHubut

En el medio de la discusión social sobre el rol de la mujer en la sociedad argentina los números muestran que lucha por la igualdad de género, tanto en el ámbito privado como estatal, va a tener que recorrer un largo camino.

Según un documento que presentó la diputada nacional de SOMOS Victoria Donda, donde propone la creación de un Ministerio de Mujeres, Diversidades y Disidencias a nivel nacional, en el ámbito privado, el 97% de las presidencias de las empresas son ocupadas por varones, como así también el 91% de las vicepresidencias.

A esos datos de la Comisión Nacional de Valores, se suma que dentro del sector público del actual gabinete nacional, el 77,4% de los cargos son ejercidos por hombres. Asimismo, de un total de 2.271 municipios en nuestro país, sólo 267 son conducidos por mujeres, es decir, apenas el 11%.

La iniciativa fue elaborada de manera colectiva con más de 20 organizaciones sociales y partidos políticos de la oposición que apuestan a un cambio de Gobierno tras las elecciones de octubre. Si Mauricio Macri no es reelecto, Donda y quienes la apoyan elevarán la propuesta al Poder Ejecutivo.

Este espacio propone crear un Ministerio para que "el Estado pueda dar respuesta diaria y constante a las distintas problemáticas que viven las mujeres, diversidades y disidencias sexo genéricas en la Argentina".

Donda afirmó que es necesario contar con un Ministerio específico para "poner en relevancia cada uno de los problemas de la mujer" y darle así "jerarquía". "Hoy en este país, la revolución de las mujeres que llegó para cambiar la sociedad y la política tiene poder y ese poder se tiene que traducir en políticas concretas. Por eso queremos que las mujeres tengamos un espacio desde donde se diseñen políticas públicas", sostuvo la diputada.

¿Cómo se financiaría el proyecto?

Según apunta el documento, el financiamiento del Ministerio deberá ser afrontado por recursos provenientes de la Partida del Tesoro Público, del ingreso por regalías que recauda el Estado Nacional y las provincias, afectando 1 punto porcentual de un total del 12% establecido en la ley de hidrocarburos 17.319 y modificada en la 27.007 artículo 14.

Sobre este punto, las organizaciones sociales ven necesario que el Ministerio cuente con el presupuesto acorde para poder elaborar políticas públicas. "Hoy el presupuesto asignado al Instituto Nacional de las Mujeres equivale a $11 por mujer por año y que en el presupuesto aprobado para el ejercicio del 2019 implicó un recorte del 38% asignado para el Plan Nacional de Acción contra la Violencia hacia las Mujeres", precisaron.

Y remarcaron que este año, "en el presupuesto se destinó un 28% menos a atender la problemática de discriminación, xenofobia y racismo".

Asimismo, también se utilizarían recursos del "Fondo para la Igualdad de Género" de la ONU Mujeres. Se trata de un mecanismo internacional de concesión de subvenciones dedicado al empoderamiento económico y político de las mujeres. Guiado por el mandato de ONU Mujeres, el Fondo brinda apoyo técnico y financiero a iniciativas innovadoras y de alto impacto, que demuestren resultados concretos en terreno, especialmente para mujeres en situación de marginación.

Ocho puntos para avanzar

En el documento elaborado presentan ocho puntos estructurales sobre los que el Ministerio de Mujeres, Diversidades y Disidencias debería trabajar de forma conjunta: derecho a vivir una vida libre de violencias; feminización de la pobreza; derecho a decidir libremente sobre nuestros cuerpos; paridad en los espacios de decisión; derecho a parir con amor, libres y sin violencias y a envejecer con dignidad; derecho a la expresión; y la visibilización de las mujeres Afroargentinas.

Sobre el derecho a vivir una vida libre de violencias, en la iniciativa se insta al Estado a cumplir con el artículo 3 de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la violencia contra la Mujer, con jerarquía constitucional, donde "toda mujer tiene derecho a una vida libre de violencia, tanto en el ámbito público como en el privado".

Y lo visibilizan con estadísticas nacionales del Observatorio Ahora Que Sí Nos Ven: "En 2018, se registraron 304 femicidios, lo que representa un femicidio cada 29 horas y al menos 275 niños quedaron huérfanos".

Con respecto a la situación laboral y de inequidad salarial, denuncian que continúan siendo dispar: el trabajo no remunerado que realizan las mujeres "carece de reconocimiento y valoración social y económica". Según datos del Indec de marzo de este año, "una de cada tres mujeres es pobre, el 27% de los hogares argentinos con menores son monoparentales y, de estos, el 60% tiene jefatura femenina".

A su vez, en el documento se precisan que las cifras de desempleo muestran que "las mujeres enfrentan una desocupación de 10,8% frente al 8,7% de los varones" y que la brecha salarial "se encuentra alrededor del 27%, lo que significa que las mujeres ganan casi un tercio menos que los varones al realizar el mismo trabajo por su condición de género".

Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en 2018, la tasa mundial de participación femenina en el mercado laboral fue del 48,5%, 26,5 puntos porcentuales más baja que la de los varones. En Argentina, esta tasa es del 47,9% para mujeres siendo más de 22 puntos porcentuales menor a la de los varones de 69,8%, según datos del Instituto Nacional de las Mujeres que citan en el documento.

Desde SOMOS explicaron que el documento colectivo "no está cerrado" sino que es "un puntapié para sumar más voces". Al mismo tiempo aclararon que la iniciativa permitirá "elaborar una política pública transversal, coordinada e interministerial en pos de la eliminación de las violencias y la búsqueda de la equidad de derechos e igualdad de oportunidades reales entre los géneros".

"Es una propuesta de política pública por eso no lo hicimos solas (aclaró Donda). Queremos que recorra todo el país y desde cada lugar donde estemos exijamos que el Estado no solo nos reconozca como uno de los factores de poder de la sociedad sino que nos den el lugar que corresponde".