Juicio político a Alberto Fernández: la oposición presionará en el Congreso, pero no tiene mayoría para avanzar

En medio de la conmoción política por la foto del cumpleaños de la primera dama en plena cuarentena estricta, Juntos por el Cambio presionará para debatir los pedidos de juicio político al presidente Alberto Fernández, pero no tiene el número para avanzar en ninguna de las dos cámaras, ya que se necesitan dos tercios de los votos.

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Diputados del interbloque presidido por Mario Negri estallaron tras la noticia del festejo en la quinta de Olivos y, a pesar de que no tienen mayoría, intentarán abrir el debate en la Cámara baja, de la mano de varios proyectos que buscan destituir a Fernández por mal desempeño y comisión de delito en el ejercicio de sus funciones.

El último proyecto se presentó este jueves y es encabezado por Jorge Enriquez, Luis Petri y Waldo Wolff, mientras que Negri presentará en las próximas horas uno propio con otra argumentación, pues no se logró una posición unificada en el interbloque y tampoco en la Mesa Nacional de la alianza.

Enriquez, Petri y Wolff sostienen que el presidente incurrió en mal desempeño en la gestión de la pandemia y también en los delitos de “incumplimiento de los deberes de funcionario público”, “abandono de persona” y “violación de las medidas adoptadas para impedir la propagación de una epidemia”.

A lo largo de ocho páginas, los diputados citan el “vacunatorio VIP”, la vacunación en unidades básicas, las demoras en la inoculación de menores con comorbilidades, la “opacidad” en las contrataciones del Estado, la “especulación política” en la compra de vacunas y la “inexistencia de una política de testeos”.

En Juntos por el Cambio siguen de cerca los avances en la Justicia y consideran que una imputación a Fernández sería motivo suficiente para discutir el juicio político en el Congreso. El fiscal federal Ramiro González ya dio un paso importante: pidió que la Casa Militar informe quiénes ingresaron a la residencia presidencial el 14 de julio de 2020, en ocasión del cumpleaños de Fabiola Yáñez.

Por otra parte, hay otros dos pedidos de juicio político que ya cuentan con estado parlamentario. Uno, bastante llamativo, fue impulsado en junio por Álvaro De Lamadrid (UCR) y apuntó contra el proyecto de ley del Ejecutivo que fijaba criterios epidemiológicos y sanitarios para las restricciones, en medio de la puja con el Gobierno porteño por las clases presenciales.

El otro proyecto fue presentado un mes después por José Luis Patiño (Pro) y tuvo como origen la carta de la asesora presidencial Cecilia Nicolini al Fondo Ruso de Inversión en reclamo por segundas dosis de la vacuna Sputnik V. El legislador argumentó que el presidente quiso favorecer “intereses de determinados países afines a su ideología, en desmedro de las instituciones, la economía y la salud de los argentinos”.

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El escenario en Diputados

El juicio político es un instituto regulado en los artículos 53, 59 y 60 de la Constitución Nacional, cuyo fin último es la destitución. Solo pueden ser juzgados por el Congreso el presidente, el vice, el jefe de Gabinete, los ministros y los jueces de la Corte Suprema, por mal desempeño, delito en el ejercicio de sus funciones o crímenes comunes. Diputados actúa como cámara acusadora, y el Senado, como cámara enjuiciadora.

“Es notoria y contundente la falta de encuadre legal de la solicitud del diputado Negri. Malinterpreta el artículo 53 de la Constitución Nacional para aparecer en los medios”, advirtió Nicolás Rodríguez Saá, vicepresidente de la Comisión de Juicio Político y uno de los pocos legisladores oficialistas en expresarse sobre el tema.

El principal obstáculo para avanzar con un procedimiento de este tenor es que la Carta Magna exige dos tercios de los votos en ambas cámaras, es decir, 171 en Diputados y 48 en el Senado. Actualmente, el Frente de Todos tiene más de un tercio en la Cámara baja (120 miembros) y mayoría absoluta en el Senado (41 integrantes).

La oposición no tiene posibilidades de avanzar siquiera en comisión, donde la integración está dividida en partes iguales con el oficialismo: de los 30 miembros, 15 son del Frente de Todos, 14 de Juntos por el Cambio y la restante es la lavagnista Graciela Camaño. Pero en casos de empate, define el presidente.

Desde 2019, la comisión es conducida por la camporista santafesina Josefina González, quien llegó a la política después de militar en la agrupación H.I.J.O.S. En lo que va de su mandato no convocó a ninguna reunión, aunque sí recibió abundante documentación por parte del Frente de Todos contra el procurador interino Eduardo Casal.

Ante el fracaso casi asegurado del juicio político, en Juntos por el Cambio ya plantearon otras alternativas de presión. Cristian Ritondo (Pro) presentó junto a Negri un proyecto de ley para crear una comisión investigadora sobre las violaciones de Fernández a las medidas sanitarias que él mismo impuso por DNU. Para aprobarlo, bastaría con mayoría simple.

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Los antecedentes más recientes

Desde el juicio político contra los integrantes de la Corte Suprema del menemismo, que entre 2003 y 2005 provocó la destitución de los jueces Eduardo Moliné O’Connor y Antonio Boggiano (Julio Nazareno, Guillermo López y Adolfo Vázquez renunciaron durante el proceso), ningún otro proyecto prosperó en el Congreso más allá de algunos intentos frustrados.

En 2014, el Frente para la Victoria-PJ rechazó “in limine” los pedidos presentados contra Amado Boudou por el caso Ciccone, que era investigado en la Justicia. Con la diputada Diana Conti a la cabeza, el bloque presentó un informe en defensa del entonces vicepresidente y adujo que la oposición intentaba presionar a la Justicia violando la división de poderes. El documento se aprobó en la comisión y el caso quedó archivado.

El otro antecedente fresco data de 2015, cuando la comisión pasó a manos de Anabel Fernández Sagasti. El FpV-PJ convocó a tratar el caso del juez de la Corte Suprema Carlos Fayt, cuestionado por continuar en el cargo a sus 97 años. El origen de la acusación era la dudosa firma de la acordada que permitió la reelección de Ricardo Lorenzetti como presidente.

El kirchnerismo conformó una subcomisión para evaluar el estado de salud mental de Fayt. Esa subcomisión, que tenía planeado citar a Horacio Verbitsky (entre otros) se reunió en forma reservada y los testimonios no se dieron a conocer. Como no había ningún expediente presentado contra el juez, la oposición se negó a participar. El tema finalmente se enfrió y Fayt falleció al año siguiente.

Por la corresponsalía de Buenos Aires.