Luego de los hechos de violencia policial contra miembros de la comunidad Qom de Fontana, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) consideraron que se necesitan reformas profundas en las políticas de seguridad provinciales. Entre los puntos, se señaló el déficit en el funcionamiento de la Fiscalía de Derechos Humanos y que el control del accionar policial debe ser externo y no parte de la misma estructura policial.
Desde el comienzo de la cuarentena se conocieron hechos de violencia policial contra integrantes de las comunidades indigenas, "como el ataque con balas de plomo contra la comunidad y las denuncias de malos tratos contra los habitantes del barrio Toba en el marco del control de cumplimiento del aislamiento obligatorio", detalla el documento.
En el mismo se hace referencia al registro de numerosas situaciones abusivas en diversas ciudades de la provincia, las cuales motivaron la presentación de un hábeas corpus por parte del Comité de Prevención de la Tortura de la provincia "que no fue tenido en cuenta por el Supremo Tribunal provincial".
"El tratamiento policial violento y discriminatorio en Chaco no comenzó ahora sino que tiene una larga data", manifestó la organización quienes puntualizaron que desde 2016 "dimos cuenta de la violencia que la policía provincial ejerce sobre integrantes de comunidades indígenas en Resistencia y Fontana". Sin embargo, con el comienzo de la cuarentena esta situación se agudizó.
En los últimos días, el gobierno provincial que conduce Jorge Capitanich, estableció canales de diálogo para intervenir en estos conflictos, atendió a víctimas, condenó los episodios y por el momento solo suspendió a los efectivos involucrados quienes, por otro lado, no fueron detenidos.
Pero está claro que "para modificar estas prácticas de la policía provincial hace falta un abordaje mucho más profundo que implique reformar en serio la institución policial y las políticas de seguridad", señala el CELS puntualizando que "si no se encara esta cuestión central, siempre se estará haciendo, a lo sumo, un control de daños".
"El primer paso es controlar efectivamente la actuación policial", ya sea desde el ámbito judicial como político, informa el organismo ya que la provincia "arrastra déficits en el funcionamiento de la Fiscalía especializada en derechos humanos, que tiene que desarrollar capacidades reales de investigación, y en el órgano de control institucional de la policía, que debe ser una instancia externa a la policía y rendir cuenta de sus acciones".
