El gobierno de General Pueyrredon recibió en las últimas horas la negativa del gobierno bonaerense para habilitar los locales gastronómicos durante la pandemia, el protocolo que había sido sometido a una prueba piloto, fue rechazado y será habilitado solo en la fase 5 es decir cuando Mar del Plata y Batán sumen 21 días sin registrar nuevos contagios de coronavirus. La decisión generó malestar entre los comerciantes de la ciudad.
"Muchos se fundieron y otros están próximos a cerrar", afirmó Diego Suárez, propietario de un café ubicado en Güemes y Alberti al sitio Ahora Mar del Plata.
El comerciante aseguró que los gastronómicos autoconvocados confiaban en que el próximo lunes las puertas de sus negocios estarían abiertas y que la negativa les cayó muy mal. A su vez, admitió que "con el take away sólo cubren el 15% de los costos" y que "ya no se pueden mantener los gastos".
"La situación es cada vez más crítica, el panorama no es alentador. Hay gastronómicos que si no trabajan no tienen cómo afrontar las cuentas", aseveró Suárez.
Los gastronómicos emprendieron una campaña digital con el lema "Abrimos o cerramos", para visibilizar sus reclamos fuera de las fronteras e incluso montaron un restaurant a cielo abierto frente a la Municipalidad para reclamarle a los concejales que les permitan un permiso provisorio para ejercer sus funciones.
El reclamo de los gastronómicos no va dirigido solamente al gobierno municipal y provincial, sino también a los concejales de Mar del Plata y Batán que trascendió que están elaborando una ordenanza en el que se habilitaría de manera precaria, un permiso de apertura.
Pese a que los locales gastronómicos están cerrados desde el inicio de la pandemia de coronavirus y solo pueden hacer take away o delivery, la Unión del Comercio, la Industria y la Producción (UCIP) de Mar del Plata informó una caída de las ventas del 76% en mayo, con una variación interanual medida en existencias.
La UCIP también admitió que más de la mitad de los locales de comercios no esenciales de la ciudad no pudieron acceder al Programa de Asistencia de Emergencia a la Producción y el Trabajo (ATP) que había lanzado el Gobierno para garantizar su sostenibilidad.