El asesinato de la adolescente santafesina Agustina Imvinkelried causó no solamente alarma por la seguidilla de femicidios perpetrados en apenas dos semanas sino también preocupación por la demora del Congreso en la sanción de leyes destinadas a combatir la violencia de género y a lograr la equidad entre mujeres y hombres.
En 2018 el Congreso convirtió en leyes varios proyectos pero aún quedan en carpeta decenas de iniciativas, presentadas por Cambiemos y la oposición.
En la última sesión del Parlamento, el Senado sancionó la ley Micaela, que establece que todas las personas que se desempeñen en la función pública, en todos los poderes, niveles y jerarquías, deberán recibir una capacitación obligatoria en la temática de género y violencia contra las mujeres.
Semanas antes el Congreso había sancionado por unanimidad la ley Brisa, que establece que el Estado les pagará una renta mensual a todas las personas menores de 21 años huérfanas o en desamparo como consecuencia de femicidios.
Un año antes se había sancionado la ley de Paridad de Género, que eleva el actual cupo femenino del 30% al 50%, porque determina que las listas de candidatos a diputados y senadores de la Nación deben estar integradas por una mujer y un hombre de manera alternada.
En el camino, sin embargo, quedaron otras iniciativas que habían empezado a discutirse en comisiones de la Cámara de Diputados.
Por ejemplo, la ley de Equidad de Género, que además incluye la ampliación de licencias laborales, entre ellas la licencia por paternidad.
Otra es la que agrega sanciones en el Código Penal con multas de 3 mil a 20 mil pesos por acoso sexual callejero, iniciativa que fue devuelta al debate en comisión, porque la redacción generaba dudas.
Y por delante quedan además decenas de iniciativas presentadas en ambas cámaras que todavía no han empezado siquiera a ser debatidas en comisiones.
También está previsto que se debatan varias modificaciones al Código Penal de la Nación, tendientes a endurecer los castigos por violencia contra los mujeres y femicidios, pero el Gobierno aún no ha enviado al Congreso el proyecto, cuya elaboración fue encargada a un grupo de prestigiosos juristas. Se espera que lo haga en las próximas semanas.
Reclamo opositor
Tras conocerse el crimen de Agustina Imvinkelried, la adolescente de 17 años encontrada muerta el lunes en la ciudad santafesina de Esperanza tras estar desaparecida desde el domingo, el Frente Renovador salió a reclamarle al presidente Mauricio Macri que convoque a sesiones extraordinarias y que incluya en el temario una batería de iniciativas orientadas a combatir los femicidios y diversas formas de violencia contra la mujer.
La diputada massista Cecilia Moreau pidió concretamente incluir en el eventual temario de extraordinarias un proyecto de su autoría para declarar la Emergencia Nacional en Violencia de Género y Femicidios por tres años.
Además, pidió que se debatan la creación de una pensión para víctimas de violencia de género y casas de acogida; la instauración de un protocolo especial de acción de búsqueda de mujeres y niños, y la creación de juzgados y fiscalías de género y violencia contra la mujer en distintos centros judiciales del país.
"Muchos dicen que exageramos, ¿les parece? No son cifras, son mujeres muertas por #femicidios en los 14 días que lleva el año y son intentos de #femicidios. Decimos basta", escribió ayer Cecilia Moreau en Twitter, junto a las consignas #VivasNosQueremos, #NiUnaMenos y #TocanAUnaTocanATodas.
En la Argentina, en las dos semanas que van de 2019, ya fueron asesinadas por varones, algunos de ellos parejas o exparejas, siete mujeres: Celeste Castillo, Valeria Juárez, Daiana Moyano, Joselín Mamaní, Gisel Varela, Liliana Loyola y Agustina Imvinkelried.
Además, sufrieron intentos de asesinato otras dos mujeres, Luciana Fioretti y Camila Pradines.
