Victoria Urruspuru
El miércoles 29, la Corte Suprema de Justicia de la Nación decidió suspender la entrega de tierras a una comunidad mapuche en Bariloche. La sentencia no fue anulada, simplemente se paralizó hasta que los magistrados vuelvan a pronunciarse.
En otras palabras, la Justicia dio marcha atrás con el proceso de adjudicación del terreno de 180 hectáreas, ubicado en Río Negro y con propiedad del Estado nacional, al grupo Millalonco Ranquehue.
Lo que se busca es determinar si la exjueza federal, María Silvina Domínguez, se extralimitó en sus atribuciones al admitir el reclamo de la comunidad mapuche. Por ello, los magistrados Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti suspendieron su decisión.
Cabe recordar que el 2 de febrero del 2022, la magistrada consideró un amparo que esta comunidad mapuche había interpuesto a finales del 2021 contra Nación. Dicha demanda buscaba que se les reconociera la propiedad comunitaria de las tierras que ocupa desde el siglo pasado, en las afueras de Bariloche.
Los motivos por los que suspendieron la entrega de las tierras en Bariloche
Los miembros de la Corte tuvieron en consideración este miércoles los recursos de queja que habían presentado la fiscal general interina María Claudia Frezzini, de la mano de los abogados que representan el Estado Nacional y el Ejército, según informó Diario Río Negro.
El predio que iba a entregarse al pueblo originario se encuentra en la zona de la ruta provincial 82, entre Virgen de las Nieves y Villa Los Coihues, el cual ya fue reconocido como de los Ranquehue por Nación mediante una resolución del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) del 2012.
Desde noviembre que el Ministerio Público Fiscal intenta impedir esta entrega a la comunidad. Y es que el Ejército argentino, por su parte, insiste en que esas hectáreas son usadas para el entrenamiento de los integrantes de la fuerza.
En ese entonces, los funcionarios judiciales sostuvieron que esta medida “excede el interés individual y conlleva un claro supuesto de gravedad institucional al comprometer instituciones básicas de la Nación”, apuntando que “lo resuelto menoscaba e impide el ejercicio del derecho de propiedad de la Fuerza sobre un establecimiento de utilidad Nacional, afectando al sistema de Defensa Nacional (Ley 23.554)”.
Aún así, la Cámara Federal de Apelaciones de Roca rechazó los recursos extraordinarios federales interpuestos por la Fiscalía y el Estado Nacional. En consecuencia, la oposición levantó sospechas contra abogados del Ministerio de Defensa por la demora en interponer la apelación.
Diputados nacionales de Juntos por el Cambio presentaron una denuncia contra ellos por abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público y prevaricato. Se abrió así una causa en el juzgado federal de Comodoro PY, a cargo de Daniel Rafecas.
El fiscal Carlos Stornelli, entonces, le solicitó indagar a Silvia Vázquez, del Ministerio de Defensa, Nicolás Rodríguez Vaccarezza, del cuerpo de abogados del Ministerio de Defensa, Leonardo Havela, director de Asuntos Judiciales del Ministerio de Defensa.
También a Agustín Gasparini, director General de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Defensa, y a Julián Fernández Duarte, director de Asuntos Jurídicos del INAI. Con esta petición, exigió suspender el proceso de cesión de las tierras en litigio a la comunidad como medida cautelar.
Muy por el contrario, Rafecas desestimó la denuncia al considerar que no hubo maniobras intencionales para dejar que se venzan los plazos procesales al momento de presentar la apelación ante la Cámara Roca.
En seguida Stornelli impugnó esta medida. Es gracias a esto que se dejó sin efecto la resolución de Rafecas y suspendieron la sentencia de Domínguez, al tiempo en que se llamó a que la Corte revisara dicho fallo.