El gobernador rionegrino, Alberto Weretilneck, afirmó que si bien se produjeron avances que beneficiaron a los productores de fruta de Río Negro y Neuquén, "esos beneficios no alcanzan".
"Nosotros hemos solicitado un aporte de $1,50, que es el costo de cosecha por kilo de fruta, porque justamente estamos hablando de productores que están fundidos", explicó en su momento el secretario de fruticultura provincial, Marcelo Corioliani.
Una de las principales problemáticas que afrontan los chacareros es la falta de un precio que les asegure una actividad rentable, por lo que piden la asistencia de un aporte no reintegrable de 1,50 pesos por kilo de fruta para compensar parte del costo de cosecha, además de un Plan Sanitario con asistencia por 10 años.
En ese sentido, Weretilneck dijo a Télam que "con el Gobierno nacional venimos teniendo un problema serio de diálogo, porque nosotros también hicimos un petitorio".
"Planteamos a los distintos ministros la gravedad del complejo frutícola, pero la verdad la reunión de ayer no funcionó como debería haber funcionado", indicó el mandatario.
Para Weretilneck, el Gobierno nacional "tiene que intentar acercarse aún más a los productores de peras y manzanas, para ver de qué manera, en esta instancia, podemos encontrar una salida".
Por su parte, el senador Miguel Pichetto elaboró junto con Weretilneck un proyecto de ley que ya ingresó al Senado, y que prorrogará por 365 días "la emergencia frutícola".
Acabamos de aprobar por unanimidad en el @SenadoArgentina el proyecto para prorrogar la emergencia económica, productiva, financiera y social a la cadena de producción de peras y manzanas de las provincias de Río Negro, Neuquén, Mendoza, San Juan y La Pampa.
— Miguel Ángel Pichetto (@MiguelPichetto) April 16, 2019
"Si bien hoy el sector se encuentra con la exención total de Ingresos Brutos y una declaración de emergencia económica a nivel nacional, no alcanza", apuntó Weretilneck.
Además, el proyecto de ley permitirá ampliar los beneficios fiscales a los afectados, habilita a la AFIP a formular convenios de facilidades de pago para cancelar obligaciones que se devenguen hasta el 31 de mayo de 2020, incluso permite incluir períodos posteriores en caso de que se necesite volver a prorrogar la emergencia.
"De parte nuestra vamos a intentar por todos los medios continuar con una mesa de diálogo para encontrar alguna solución", concluyó el Gobernador.