Viviana Montenegro
El Gobierno de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, intimó por medio fehaciente a la empresa Harland and Wolff -con sede en el Reino Unido- por pretender llevar adelante la construcción de un nuevo puerto en las Islas Malvinas sin la debida intervención y autorización por parte de las autoridades provinciales.
El Ministerio de Producción y Ambiente como autoridad de aplicación de la Ley Nº 55, en un trabajo articulado con la Secretaría de Malvinas, Antártida, Islas del Atlántico Sur y Asuntos Internacionales, realizó la intimación de conformidad al Convenio de la Haya de 1965 sobre Comunicación o Notificación de Documentos Judiciales o Extrajudiciales en materia Civil o Comercial (aprobado por Ley 25.097). Expresamente se emplazó a Harland and Wolff a través de la autoridad central británica y de conformidad con el artículo 10 del mencionado Convenio, para que en un plazo de noventa días hábiles cumpla con lo estipulado en la Ley Nacional N° 25.675 “Ley General del Ambiente”, en la Ley Provincial N° 55 y en la Ley Provincial N° 1.126, bajo apercibimiento de iniciar las acciones legales pertinentes.
Al respecto, el Secretario de Malvinas, Antártida, Islas del Atlántico Sur y Asuntos Internacionales, Andrés Dachary, especificó que “la contratación de la empresa Harland and Wolff por parte del ilegítimo y pretendido gobierno isleño para llevar adelante esta obra se encuadra en la pretensión británica de establecer la infraestructura destinada a transformar el puerto de las Islas Malvinas en un centro de soporte logístico, a efectos de avanzar en la explotación ilegal de los recursos naturales que pertenecen a todos los fueguinos y fueguinas, representando además una violación flagrante de las resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas que instan a las partes a abstenerse de adoptar decisiones que entrañen la introducción de modificaciones unilaterales en la situación mientras las Islas estén atravesando por el proceso de descolonización”.
“Es por ello que al igual que en el año 2021, cuando el gobierno británico intentó una maniobra similar a través de la empresa Bam Nuttall y la provincia intimó a la misma, se procedió a tomar las acciones legales correspondientes en pos de garantizar nuestros derechos e intereses provinciales”, recalcó el funcionario.