Leonardo González
Esta semana, el Estado Provincial hizo frente al primero de los cuatro vencimientos del año por una suma de casi 9 millones de dólares ($745 millones de pesos). Las tres cuotas siguientes vencen en abril, julio y octubre y tendrán una suma similar. Las regalías cobradas en los últimos tres meses no alcanzaron para hacer frente a este primer compromiso y el monto debió ser cubierto por fondos de reserva.
Este pago es el decimoquinto pago que realiza la provincia a sus acreedores y el octavo desde que se comenzó a pagar capital. Hasta la fecha, se canceló el 20 por ciento del empréstito de 200 millones de dólares (40 millones), quedando pendientes 160 millones. En concepto de intereses, se llevan abonados 64 millones de dólares. Lo cual suma un total pagado hasta la fecha de más de 5.300 millones de pesos, plazo durante el cual el dólar se encareció en pesos un 400% y el precio del crudo se redujo en un 15% con respecto a la fecha de contraer la obligación.
El total a pagar en el año (las próximas cuotas vencen en abril, julio y octubre) asciende a 36 millones de dólares; 20 millones en concepto de capital y 16 millones correspondientes a intereses. De acuerdo a lo previsto en el presupuesto provincial 2021, en virtud de la estimación cambiaría prevista oportunamente, la erogación total es de 3.500 millones de pesos, tanto para capital como para intereses.
Los pagos correspondientes al Bono TFU27 representan el mayor compromiso de deuda que debe afrontar la administración de Gustavo Melella, sobre un total de 6.500 millones. El resto, mayoritariamente corresponde a compromisos con el Tesoro Nacional. Con este panorama, y antes de la segunda cuota que vence el 17 de abril, la administración de Gustavo Melella procura acelerar una renegociación de la deuda con los acreedores. Ya no alcanzan las regalías percibidas por la Provincia para cumplir el pago que garantizan, lo que obligaría prontamente a utilizar fondos destinados a otros fines en el marco del presupuesto aprobado.
Este proceso de reestructuración se da en el marco de un mercado financiero cerrado a Argentina y las otras provincias, incluso para aquellas que en fecha reciente han cerrado la reestructuración de sus deudas. Las principales calificadoras de riesgo han calificado negativamente al Estado Nacional y las provincias dado que prevén que es muy difícil que puedan cumplir con sus compromisos actuales.
El ministro Fernández explicó que “tenemos una calificación realizada por la agencia de calificación de riesgo Moody´s, y estamos en el mismo orden que el resto de las provincias y de la Nación en su conjunto. Esta calificación nos aparta de los mercados internacionales”.
Al igual que lo sucedido con otras provincias, la Nación convocó a Tierra del Fuego para ponerse al tanto del proceso de reestructuración que está llevando adelante. En tal sentido, el Ministro Fernández recomendó a sus pares que no encaren un proceso de reestructuración que implique garantizar el pago de deuda a través de un fideicomiso como hizo Tierra del Fuego. “Esto no significa resolver el problema sino que es encorsetarlo y hacerlo mucho más difícil en virtud de que le van a poner no solo una traba muy grande a la administración de las finanzas provinciales sino que van a comprometer con la reestructuración las reservas del Banco Central”, sostuvo el Ministro.
En esos encuentros con funcionarios nacionales, el ministro Guillermo Fernández planteó la necesidad de que “en caso de que fuera necesario tener que realizar alguna cuestión de orden jurídica que atente contra el fideicomiso, la Nación nos avale y no nos ponga trabas. También dejamos asentado que somos la única provincia con fideicomiso de regalías que no aceptó las condiciones de los acreedores”.