La Cámara de Apelaciones de la ciudad de Río Grande, en Tierra del Fuego, ratificó la competencia de la justicia local en la demanda iniciada por 7 mil fueguinos contra ocho automotrices.


La Cámara de Apelaciones de la ciudad de Río Grande, en Tierra del Fuego, ratificó la competencia de la justicia local en la demanda iniciada por 7 mil fueguinos contra ocho automotrices por la devolución de importes supuestamente mal cobrados cuando compraron los vehículos, en lo que constituye el juicio colectivo más numeroso de la historia de la provincia.

Los demandantes sostienen que los fabricantes de autos, (Fiat, Ford, General Motors, PSA -Peugeot y Citroën-, Renault, Volkswagen, Toyota y Honda), se apropiaron de los beneficios impositivos establecidos en la ley de promoción económica vigente en territorio provincial, y comercializaron los coches a precios similares al resto del país, donde no rige la quita de impuestos.

El estudio jurídico de la ciudad de Ushuaia que patrocina a los vecinos, asegura que las empresas deberían devolverle a los clientes una diferencia que oscila “entre el 25 y el 60%” del valor del auto, mientras que la demanda abarca operaciones desde 2001 hasta la actualidad, precisaron fuentes ligadas al caso.

La acción judicial, llamada de “protección de intereses difusos” fue planteada ante el juzgado Civil 1 de la ciudad de Río Grande, a cargo del juez Horacio Boccardo, a fines de 2015, pero desde entonces, las automotrices realizaron diversas presentaciones para conseguir que la causa pase a la Justicia Federal.

Boccardo rechazó esa pretensión, y las empresas recurrieron a la Cámara de Apelaciones, cuyos jueces decidieron el 12 de abril último –en un fallo que trascendió mantener el criterio de que la causa debe ser resuelta en Tierra del Fuego.

“No caben dudas de que los accionantes se están quejando del valor agregado que ostentan los automotores a la venta en esta provincia, pese a contar con beneficios impositivos. Por lo tanto, donde exigen que se cumpla esa adecuación de precios es lógicamente en la provincia”, afirma la sentencia de los camaristas Ernesto Loffler, Josefa Martín y Francisco De la Torre, a la que accedió Télam.

Según los jueces, las empresas efectúan “negocios constantes” con las concesionarias oficiales que repercuten en el consumidor final del producto, “lo que torna aplicable el arraigo, ya sea de manera directa o indirecta, en esta provincia”, indica el fallo.

A su vez, el estudio jurídico de los abogados Antonio Aciar y Federico Rauch, que patrocinan a los demandantes, sostuvo que la estrategia de “dilatar” el juicio por medio del cambio de competencia ya fue rechazado “por una docena de jueces y fiscales provinciales y federales”.

En cambio, las automotrices insisten en que el hecho de comercializar vehículos en la provincia no implica que las firmas estén asentadas en esa jurisdicción, y puedan ser demandadas allí.

“Lo importante es que el caso sigue su curso y esperamos que cada fueguino logre la devolución del derecho reclamado“, aseveró el abogado Rauch.





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