Leonardo González
La intervención a último momento del papa Juan Pablo II evitó hace 40 años que la Argentina y Chile se enfrentaran en una guerra por la soberanía de las islas Lennox, Picton y Nueva, situadas en aguas del Canal de Beagle, frente a las costas de Tierra del Fuego, en lo que significó el punto más álgido de un diferendo limítrofe entre ambos países que se remontaba a fines del siglo XIX.
A pesar de su escaso tamaño y su carencia de recursos, las tres islas, y otros islotes adyacentes, poseían un valor estratégico al encontrarse en la desembocadura del canal, en una zona en la cual se unen los océanos Atlántico y Pacífico.
El tratado limítrofe de 1881 entre ambos países no dejó en claro a quién pertenecían las islas. Sin embargo, en 1901, un mapa oficial de la Argentina las colocaba como parte de su territorio.
La controversia prosiguió durante todo el siglo XX, hasta que en 1971 los dos países se comprometieron a someterse a un arbitraje del Reino Unido, que sería el encargado de resolver la disputa de soberanía.
Seis años después, cuando la Argentina era gobernada por la dictador militar de Jorge Rafael Videla, y Chile se encontraba bajo el régimen de Augusto Pinochet, se emitió un laudo arbitral que estableció la posesión de las islas para la nación trasandina, y la libre navegación de las aguas del canal para los dos países.
El gobierno militar de Argentina rechazó el fallo aludiendo errores de derecho, geográficos e históricos, y reactivó incluso un antiguo reclamo sobre islas que se encontraban al sur del Cabo de Hornos.
En enero de 1978, Videla y Pinochet celebraron una reunión en el aeropuerto del Plumerillo, en Mendoza, y un mes después se entrevistaron en la ciudad chilena de Puerto Montt, pero ambos encuentros fracasaron, a pesar de que los gobiernos se comprometieron a seguir con las negociaciones.
Sin embargo, con el correr de los meses, la situación comenzó a escalar; las negociaciones no progresaron, y en diciembre comenzaron las movilizaciones de tropas a ambos lados de la Cordillera de los Andes.
La flota de la Armada Argentina, que comandaba el entonces almirante Emilio Eduardo Massera (posteriormente condenado en el histórico Juicio a las Juntas por violaciones a los derechos humanos) se desplegó en los puertos de la Patagonia a la espera de órdenes y la infantería de Marina movilizaba más de 10 mil hombres y varios de sus batallones en Tierra del Fuego.
Por su parte, el Ejército movilizaba al III Cuerpo, a cargo del general Luciano Benjamín Menéndez (que más tarde sería el militar que más condenas recibiría por delitos de lesa humanidad), soportaría el peso de la ofensiva y tendría el apoyo del V, bajo el mando del general José Vaquero.
El plan consistía en lanzar una ofensiva sobre Chile para dividir el país y ocupar la ciudad de Temuco, pero se contemplaba la ocupación de varias localidades trasandinas en los primeros ocho días de combate con el objetivo de negociar una retirada a cambio de obtener la soberanía de la zona en disputa.
Los aprestos para la batalla estaban listos el día 21 de diciembre de 1978, tres días antes de la Nochebuena, pero una fuerte tormenta en el Sur impidió la salida de la flota argentina de mar, y el despegue desde Río Gallegos de los cazas bombarderos de la Fuerza Aérea Argentina.
La ofensiva se pospuso un día, y eso fue suficiente para que en la mañana del 22 llegara desde el Vaticano un ofrecimiento de mediación por parte de Juan Pablo II, quien transcurría los primeros meses de su papado.
Chile acepta, y tras detener el comienzo de la ofensiva, la junta militar argentina hace lo propio en horas de la noche, y las acciones bélicas se postergaron, aunque la tensión continuó durante unos meses más.
El jefe de la Iglesia católica le encargó las negociaciones al cardenal Antonio Samoré, y el 8 de enero de 1979 se firmó un acuerdo en Montevideo, Uruguay, entre el Vaticano, la Argentina y Chile para comenzar negociaciones.
Las tensiones entre ambos países continuaron y se despejaron brevemente durante la Guerra de Malvinas, entre Argentina y Gran Bretaña, país que contó con el apoyo de Chile durante esa contienda.
Finalmente, en octubre de 1984, el gobierno constitucional de Raúl Alfonsín firmó un acuerdo definitivo de límites con Chile que fue sometido a una consulta popular, el 25 de noviembre de ese año, y contó con la adhesión mayoritaria de la ciudadanía.
En consecuencia, Chile se aseguró la soberanía de las islas en disputa y los dos países intercambiaron derechos de navegación en la zona. De esta forma se aseguró la paz entre dos naciones que comparten una de las fronteras más prolongadas del mundo.
