Leonardo González
La presentación judicial realizada por tres organizaciones ambientalistas de Ushuaia para suspender el inicio de las obras relacionadas con la apertura del llamado "Corredor del Beagle" debe atravesar, primero, un conflicto de competencias entre diferentes tribunales. Las asociaciones Manekenk, Profesionales del Turismo de Tierra del Fuego y Bahía Encerrada (ABE) presentaron una acción por "protección de intereses difusos" ante el Juzgado Civil y Comercial 1, a cargo del juez Alejandro Fernández.
El magistrado decidió correrle traslado de la demanda a la Fiscalía en turno, en un trámite que es habitual en este tipo de casos. El caso recayó, entonces, en el fiscal de Ushuaia Nicolás Arias, quien intervino subrogando al fiscal Eduardo Urquiza.
Arias emitió un dictamen en el que sostuvo que, por el tipo de causa y por los intereses y temas que trata, debería ser competencia del Superior Tribunal de Justicia. En rigor, argumentó que se trata de una causa contencioso-administrativa, y no de una acción propia del derecho Civil.
Ante ello, el expediente fue devuelto al juez Fernández quien debe resolver si acepta el planteo fiscal, y por lo tanto declara su incompetencia para intervenir en el expediente, o si disiente y resuelve que la causa continuará bajo su órbita. En cualquier caso, el tema podría dar lugar a presentaciones de las partes ante organismos superiores de la justicia.
Los demandantes señalan en la presentación una serie de presuntas irregularidades en el proceso administrativo de gestación de la obra impulsada por la gestión del actual Gobierno.
Además, solicitan la suspensión de la audiencia pública convocada por el Gobierno para el próximo martes 11 de diciembre, donde se debatirán distintos aspectos del proyecto, como la evaluación de impacto ambiental que las organizaciones ambientalistas consideran "incompleta" y "carente de rigor técnico".
El camino planificado en tres etapas y ya adjudicado a la empresa Luis Felipe Gancedo por un valor de $1700 millones, prevé unir, en el primer tramo, a la capital fueguina con el poblado de Almanza, situado a unos 35 kilómetros al oeste frente a la localidad chilena de Puerto Williams.
El gobierno provincial pretende ampliar con ello la oferta turística de la zona y desarrollar un polo de emprendimientos productivos vinculados a la pesca, la explotación turbera y la producción de alimentos, entre otras actividades.
Sin embargo, los ambientalistas cuestionan que no se preservarán yacimientos arqueológicos ubicados en la zona, y que "la traza de la ruta aún no ha sido definida, pese a ya haberse adjudicado la obra", por lo que "tampoco pueden adoptarse y llevarse a cabo los trabajos técnicos para preservar el daño ambiental, cultural, histórico y arqueológico", indica uno de los puntos de la demanda.
También observan que se armó un pliego de licitación "sin un anteproyecto o estudio de factibilidad", "no existe un plan de manejo de todo el sector" y "muchas áreas técnicas no han tenido acceso al trabajo", al mismo tiempo que "no se pidió la opinión de expertos del Centro Austral de Investigaciones Científicas (CADIC) o de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego (UNTDF)", señalan.