Tucumán ya tiene su ley penal juvenil

La Legislatura aprobó con 44 votos afirmativos y uno negativo la adecuación a la Ley Nacional N° 27.801.

Tucumán ya tiene su ley penal juvenil
La provincia regula la ejecución, el seguimiento técnico y el abordaje socioeducativo de las medidas judiciales. (Legislatura de Tucumán)
30 de septiembre de 2026, 15:03

Con 44 votos a favor y uno en contra, los legisladores definieron cómo se ejecutarán en la provincia las medidas y penas para adolescentes que prevé la Ley Nacional N° 27.801. Habrá supervisores dentro del Poder Judicial y un instituto con nombre propio: "Cura Brochero".

Ley Nacional N° 27.801

Esta normativa fijó un sistema penal específico para adolescentes de entre 14 y 18 años imputados por delitos, y dejó abierta una cuestión concreta: quién ejecuta las sanciones y de qué manera. En Tucumán, la respuesta llegó en una sesión especial ordinaria que presidió el vicegobernador Miguel Acevedo. Allí se aprobó, con votación nominal, el Régimen Especializado de Ejecución Penal Juvenil: 44 votos afirmativos y uno negativo.

La ley provincial no rehace el esquema nacional

Se ocupa de la porción que le corresponde a la Provincia: la ejecución material de las medidas y penas que disponga un juez, su supervisión, el seguimiento técnico y el abordaje socioeducativo, siempre que el cumplimiento quede a cargo de organismos provinciales. Como metas, enumera la responsabilización del adolescente, su integración social, la reducción de la reincidencia y la protección de la víctima y de la comunidad.

Para que eso ocurra, el texto suma dos piezas nuevas. La primera es el Cuerpo de Supervisores del Régimen Penal Juvenil, que funcionará dentro del Poder Judicial. Cada supervisor tendrá a su cargo a un adolescente: seguirá su caso, tenderá puentes con las instituciones que intervengan, verificará que las medidas se cumplan y acompañará el tramo de reintegración. La segunda es el Instituto Especializado de Responsabilidad Penal Juvenil "Cura Brochero", destinado a las penas privativas de libertad y a determinadas medidas del régimen. Además, la ley establece que las penas se cumplan en establecimientos especializados para menores de 18 años.

Antes de llegar al recinto, el proyecto pasó por la Comisión de Legislación General, que conduce Gerónimo Vargas Aignasse. Hubo reuniones con representantes de los tres poderes del Estado y mesas de trabajo con la Corte Suprema de Justicia, ministerios del Ejecutivo provincial, jueces, fiscales y abogados de las áreas vinculadas. El resultado fue un único texto que reunió cinco iniciativas.

Vargas Aignasse subrayó al respecto: "Tucumán es la primera provincia de la Argentina, a 25 días de la vigencia de la ley nacional, de terminar la adecuación procesal y el régimen penal juvenil con el plan de integración y transformación personal de ese menor, articulado con todos los poderes del Estado". Y agregó que "Lo que buscamos, además de condenarlo, es recuperarlo y devolverlo a la sociedad mejor de lo que ingresó, ponerle fin a su trayectoria criminal y reincorporarlo".

"Tenemos un sistema en la Secretaría de Niñez, Familia y Adolescencia, que son dispositivos para el tratamiento de los menores en conflicto con la ley, que se van a adaptar a las edades correspondientes", afirmó el funcionario, quien reconoció que los equipos profesionales deberán reforzarse.

Por su parte, el legislador Mario Leito marcó una diferencia entre dos planos: "Una cosa es la ley sancionada, la baja de imputabilidad, y otra cosa es buscar la manera para la aplicación de la norma".

Según explicó, ese segundo plano exigió cambios administrativos y procesales, además de definir las estructuras para ponerlo en marcha. En las reuniones entre poderes se discutió si el supervisor debía depender del Ejecutivo o del Judicial. Se resolvió que quede en la órbita de este último.

Agustín Romano Norri, también legislador, detalló: "Es un trabajo que son cinco proyectos que se han unificado, en los cuales hoy vamos a tener la posibilidad de tener un tratamiento sobre los menores que tengan conflicto con la ley y poder brindarles las herramientas de reinserción laboral", y señaló también que el sistema necesitará la participación de distintas áreas del Estado.

La legisladora Silvia Elías de Pérez completó el cuadro: "Lo que está haciendo esta ley es estar presente, educación, tratamiento para consumos problemáticos, tratamiento psicológico".