Por medio de un decreto del Gobierno provincial, se inició una investigación administrativa con el fin de poner claridad sobre las responsabilidades de posibles discrepancias e incumplimientos de deberes, además de prohibiciones de los agentes de la Administración Pública Centralizada, en relación con el apercibimiento ilegal del beneficio Programa Nacional Potenciar Trabajo.
El decreto, firmado por el gobernador Osvaldo Jaldo, fue redactado a raíz del Oficio emitido por el Fiscal Federal Guillermo Fernando Marijuan y de la decisión del Ministerio de Capital Humano de la Nación, de suspender el pago del Salario Social Complementario a 4588 titulares de todo el país del Programa “Potenciar Trabajo”, de los cuales 956 pertenecen a la provincia de Tucumán.
Esta decisión fue tomada al detectar, en 14 provincias, incompatibilidades de estos beneficiarios a la hora de recibir el beneficio, ya que se trata de empleados remunerados del área estatal.
Esta investigación sumarial tiene como objetivo esclarecer las responsabilidades sobre supuestas irregularidades de los empleados, incluyendo personal del Poder Ejecutivo, municipios, comunas rurales, y agentes de la ex Unidad Reconversión Laboral (UNREL). Los 956 presuntos casos de incompatibilidad contemplan diversas instancias gubernamentales.
El decreto indica que “Corresponde señalar que las incompatibilidades en la percepción de los beneficios del Programa Nacional Potenciar Trabajo se originaron durante la gestión de gobierno que concluyó el 29/10/2023″.
A través de este instrumento legal, el Gobierno de Tucumán intima a la Dirección General de Recursos Humanos para que, en un plazo de 30 días, eleve las Conclusiones Finales y el eventual Capítulo de Formulación de Cargos. De igual manera, los Ministros de Educación y Seguridad recibieron las mismas indicaciones respecto a sus empleados.
El decreto también detalla que las posibles actuaciones podrían elevarse desde un apercibimiento hasta la cesantía.
El fiscal Marijuan cotejó las bases de datos del programa con las planillas de empleados públicos de 14 provincias, descubriendo una serie de discordancias. Fue así como, Desde el Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello, se dio de baja a empleados que demostraron incompatibilidad con el Plan Potenciar Trabajo, ya que, paralelamente, recibían contraprestaciones, situación que es antagónica con las condiciones de acceso al beneficio.
Con la publicación de la Resolución 17/2023, el Ministerio de Capital Humano informó los nombres de las personas investigadas, en un listado que ocupa 418 páginas.
Las investigaciones judiciales arrojaron que “luego del entrecruzamiento de la base de datos de los beneficiarios del plan Potenciar Trabajo y de la nómina de los empleados públicos de 14 provincias, 4.588 personas presentarían incompatibilidades para acceder a dicho plan”.
