Jaldo analizó con Medina y Mendoza la agenda del Congreso

El gobernador recibió a la diputada y a la senadora nacional para repasar el Presupuesto 2027, el bioetanol y la Ley de Salud Mental.

Jaldo analizó con Medina y Mendoza la agenda del Congreso
El gobernador Osvaldo Jaldo recibió en Casa de Gobierno a la diputada nacional Gladys Medina y a la senadora nacional Sandra Mendoza. (Redes)
28 de octubre de 2026, 10:45

Tres expedientes concentran hoy la atención tucumana en el Congreso: el Presupuesto Nacional 2027, la ley de biocombustibles y la reforma de la Ley de Salud Mental. Los tres estuvieron sobre la mesa en Casa de Gobierno, donde el gobernador Osvaldo Jaldo recibió el martes a la diputada nacional Gladys Medina y a la senadora nacional Sandra Mendoza, según informó el propio mandatario en sus redes.

Presupuesto 2027

El proyecto ingresó a Diputados el 15 de septiembre y la comisión de Presupuesto y Hacienda lo debate desde el 13 de octubre. Quedan reuniones informativas hasta la primera semana de noviembre, con la intención de dictaminar y llevarlo al recinto antes de fin de año. La Libertad Avanza cuenta con 95 diputados y necesita 129 para el quórum, así que el Gobierno nacional negocia con los gobernadores.

Bioetanol

Jaldo planteó la importancia de acompañar el proyecto para fortalecer la actividad azucarera. El Senado le dio media sanción el 17 de septiembre, por 41 votos contra 25, y ahora lo tiene Diputados. El texto fija un corte mínimo del 12% en las naftas, repartido en partes iguales entre bioetanol de caña y de maíz, que sube al 15% a los 12 meses de sancionada la ley, con una vigencia de 15 años. Para Tucumán pesa especialmente: 14 de los 19 ingenios del NOA están en la provincia.

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Salud Mental

Según informó el gobernador, el debate de la reforma incluyó la necesidad de incorporar los aportes de las provincias y de garantizar recursos para una atención integral. El proyecto obtuvo dictamen en el Senado y se prevé tratarlo en sesión este jueves 29. Entre sus puntos figuran la inclusión de la ludopatía entre las adicciones, las internaciones involuntarias ante riesgo grave y la asistencia financiera entre Nación y provincias. El financiamiento fue justamente el reclamo de varias jurisdicciones, que en agosto advirtieron ante el Senado que la reforma no traía los fondos necesarios para ampliar la capacidad de respuesta de los sistemas públicos.