El gobernador, Osvaldo Jaldo, analizó una copia del contrato que firmó el intendente, Germán Alfaro, con la empresa Tecno Agro Vial UTE. Se trata de la implementación del estacionamiento medido en la capital tucumana.
El Mandatario tucumano explicó que la rúbrica es de ‘dudosa’ procedencia y de ‘dudosas’ prestaciones, lo que perjudica al 47% de los tucumanos que habitan San Miguel de Tucumán y sostuvo que la compañía se llevará el 85% de la recaudación para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
“Alfaro me agravió, pero yo no lo voy a agraviar. Le voy a dar una mano para que la ciudadanía conozca lo que él firmó. Le pedí que dé los nombres de las empresas y sí le dije que me parecía una exageración que quienes presten el servicio se lleven el 85% y tan sólo el 15% quede para la Municipalidad. Quiere decir que es el 85% de recursos que se van a Capital Federal, que se lo llevan los porteños”, comenzó diciendo el gobernador.
A su vez, observó que la firma contratada tiene relación directa con el Gobierno de CABA, que conduce Horacio Rodríguez Larreta, dijo. Y sostuvo que la compañía no se es conocida por dedicarse a la actividad del estacionamiento medido, sino al sanitario.
El Mandatario dijo que la empresa se dedica a la “fabricación de gas industrial y medicinal comprimido o licuado. Venta al por mayor de mercancía, servicio relacionado con la salud humana, construcción, reforma, reparación de edificio; servicio de transporte de automotor de mercadería y sustancias peligrosas”.
“Esta empresa no la encontró Alfaro caminando por el obelisco. Alguien se la recomendó y la documentación demuestra cuál es la vinculación de la empresa... Tecno Agro Vial también tiene otros antecedentes y hay uno que llama la atención: banco de sangre y banco de semen”, comentó.
El Mandatario provincial también observó que la firma fue inscripta como Unión Temporal de Empresas (UTE) el 21 de mayo del 2021 y que lo que se puede objetar de ese contrato “es que está firmando con empresas de dudosa procedencia y de dudosas prestaciones de servicio, que no condicen con el objeto del contrato. Todo se ha realizado bajo la figura de contratación directa, con plazo a 10 años, con prórroga de tres años más, sin lo autoriza el Concejo Deliberante y si no lo autoriza, sigue prestando servicio, o sea que puede ser hasta indefinido”.
“Para saber si es anormal o no habría que haber determinado cuál es el costo de la prestación efectiva del servicio por parte de la empresa, para ver si el costo más la utilidad es el 85 %. Cuando determinas el boleto del transporte colectivo hay un estudio de costos y eso no hay acá…dice que la garantía es el 20% sobre el valor total anual promedio de la adjudicación, pero no informa el monto”.
“Un pequeño detalle: el concesionario cobrará a los usuarios y el comitente, según corresponda, el servicio de inmovilización, acarreo y remoción de los vehículos en infracción. O sea que la empresa le va a cobrar al dueño del auto pero si este no paga, paga la Municipalidad. Siempre es garante la Municipalidad, ellos nunca pierden. Y además dice que el concesionario garantizará la prestación de los servicios de grúa debiendo contar con un mínimo de cinco unidades. Las grúas afectadas actualmente al servicio y de propiedad del comitente, o sea que la Municipalidad pone las grúas”, cerró Jaldo.