ALI, la IA que explica las leyes de Tucumán

La Legislatura y la UNT presentaron un agente que responde consultas sobre la normativa provincial.

ALI, la IA que explica las leyes de Tucumán
Autoridades legislativas, judiciales y universitarias acompañaron el acto, entre ellas el presidente de la Corte, Daniel Leiva. (Web)
20 de octubre de 2026, 15:01

Saber si existe una ley sobre un tema, qué dice y si sigue vigente exigía hasta ahora conocer su número o manejar el idioma de los expedientes. Con ALI (Agente Legislativo Inteligente), alcanza con escribir la pregunta. Es una herramienta de inteligencia artificial generativa que ubica y explica la normativa provincial en lenguaje claro. El vicegobernador Miguel Acevedo confirmó que ya está disponible para el público.

Acevedo, que preside la Legislatura, encabezó la presentación junto al titular de la Corte Suprema de Justicia, Daniel Leiva; la intendenta de San Miguel de Tucumán, Rossana Chahla; el rector de la UNT, Sergio Mohamed; la presidenta de la Comisión de Digesto Jurídico y Modernización Legislativa, Carolina Vargas Aignasse; la decana de Derecho de la UNT, Cristina Grunauer de Falú, y el vicerrector Horacio Madkur.

Alcances y límites

ALI localiza normas por número, tema o palabra clave, explica su contenido general, señala artículos vinculados a una consulta, relaciona disposiciones y lleva a los textos oficiales. También informa si una ley fue modificada o derogada, siempre que ese dato figure en la base normativa, que es el Digesto Jurídico de Tucumán.

Tiene límites claros. El sistema es informativo: no reemplaza el asesoramiento profesional ni el texto oficial de las leyes. No puede crear, modificar ni derogar normas, definir derechos u obligaciones en casos particulares, resolver trámites ni dar respuestas vinculantes. Acevedo lo resumió así: “No es de asesoramiento, no reemplaza ningún asesoramiento jurídico, porque está solo para transcribir lo que las leyes vigentes tienen en Tucumán”.

El vicegobernador explicó el origen del proyecto: “Esta herramienta surge con la finalidad de acercar las leyes que en esta Legislatura se sancionan y el Poder Ejecutivo promulga a los ciudadanos, a cada uno de los tucumanos y tucumanas que tienen que saber cuáles son sus derechos y sus obligaciones en Tucumán”. Antes de desarrollar el agente, se revisó y consolidó el cuerpo normativo a través del Digesto, que ALI seguirá a medida que se actualice. Acevedo agregó que también está pensada para profesionales que necesiten profundizar en las normas.

Las preguntas de los ciudadanos, además, serán una fuente de información para los legisladores. “Podemos tomar elementos para saber qué es lo que consultan los tucumanos y tucumanas y si hay temáticas sobre las que consultan y no tenemos legislación, ponernos a trabajar en esos temas. Es una herramienta que sirve para adentro y para afuera”, planteó.

Una IA con sello universitario

ALI nació de un convenio entre la Legislatura y la UNT, firmado por Acevedo y el entonces rector Sergio José Pagani. La Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, a través de su Laboratorio de Derecho y Nuevas Tecnologías, es la unidad ejecutora, bajo la conducción de la decana Grunauer de Falú. La Comisión de Digesto impulsó la revisión, actualización y consolidación de las leyes que son la base del sistema.

Mohamed subrayó el valor de esa articulación: “Quiero destacar como un hito importante el hecho de que la universidad pueda trabajar con cualquiera de los poderes del Estado, el Legislativo en este caso, el Ejecutivo, los municipios y el Judicial, en colaboración para mejorar la vida de los ciudadanos”.

Grunauer de Falú marcó la diferencia con otras herramientas de IA: “ALI no es una herramienta como las otras, sino que es un asistente. Su función es contestar la pregunta del ciudadano común en un lenguaje claro”. Y fijó el límite de sus respuestas: “La respuesta de ALI no puede ser nunca fuera de lo que está en el Digesto. Eso es lo importante”.

El director del laboratorio, Marco Rossi, detalló que el sistema aplica capas de verificación para controlar la vigencia de las normas, la precisión de los datos y la claridad de las respuestas. Su subdirector, Horacio Baca Amenábar, explicó por qué ALI se distingue de los modelos generalistas: “Está entrenado con los textos oficiales de las leyes de la provincia, sin recurrir a fuentes externas, sin reinterpretar ni inventar información. Eso le da una mayor confiabilidad y seguridad jurídica, porque responde sobre la normativa provincial de manera precisa”.

La coordinación está a cargo de la doctora Erica Brunotto, con la participación de Rossi, Baca Amenábar y los doctores Martín H. Rivas y Franco Orellana. Por la Legislatura intervienen las direcciones de Información Parlamentaria, Asesoría Letrada e Informática. La base se actualiza periódicamente: la Legislatura mantiene el cuerpo normativo y el equipo técnico se ocupa de la sincronización, el soporte y las mejoras.

Acevedo cerró con un reconocimiento: “No tan solo trabajaron los integrantes del Digesto, el personal de planta permanente y los asesores de los poderes, sino que fue fundamental la participación de la Universidad Nacional de Tucumán, a través de la Facultad de Derecho y su laboratorio. Es una herramienta de calidad y es la primera legislatura del país que la pone a disposición de los ciudadanos”.

También asistieron los integrantes de la Comisión de Digesto Walter Berarducci, Carlos Eduardo Verón Guerra y Alberto Olea, y los legisladores Alfredo Toscano, Claudio Viña, Hugo Ledesma, Roberto Moreno, Edith Comolli, Roque Argañaraz, Mario Leito, Carlos Gómez, Nancy Bulacio, Maia Martínez, Francisco Serra, Jorge Leal, Sara Lazarte, Agustín Romano Norri, Eduardo Verón Guerra, Sandra Figueroa, Gerónimo Vargas Aignasse, Silvia Elías de Pérez, Adriana Najar y José Seleme, junto al prosecretario legislativo, Alejandro Martínez.

Estuvieron además José Hugo Saab, secretario general de la UNT; María Marta Contreras Cuenca, ministra subrogante pupilar y de la Defensa; Juan Casañas y Maxi Martínez Márquez, del IDEP; Sergio Díaz Ricci, vocal del Tribunal de Cuentas; Carlos Vals, por la Fiscalía de Estado; Juan Carlos Veiga, por la Mesa de Diálogo del Arzobispado, y Antonio Bustamante, subinterventor de la Caja Popular de Ahorros de Tucumán.