Redacción Vía País
Comenzó el juicio contra el monopolio Google. Se trata del proceso más importante de la era de internet y también del último de una serie de enfrentamientos de corporaciones tecnológicas y el gobierno de Estados Unidos.
El mismo tiene lugar en el Juzgado N°10 de los Tribunales Federales de Washington y se espera que el juicio tenga una duración de diez semanas, donde desfilarán varios personajes poderosos del sector.
El juez Amit P. Mehta, nombrado en 2014 por Barack Obama, está a cargo de la causa en la que el Departamento de Justicia de Estados Unidos y acusa a Google de abusar de su posición dominante en los servicios de búsqueda ya que acapara el 90% de las búsquedas en el país.
Esto, según la Justicia, lo logró y mantuvo mediante acuerdos de distribución anticompetitivos y excluyentes que bloquean los posicionamientos determinados de búsquedas en distintos dispositivos electrónicos, situación que perjudica a sus competidores.
“Este caso trata sobre el futuro de Internet, y sobre si Google alguna vez enfrentará una competencia significativa”, sostuvo el abogado del Departamento de Justicia, Kenneth Dintzer, durante su declaración.
En la acusación están los contratos que la empresa firmó con empresas como Mozilla, creadora de Firefox, Apple o Samsung, o Mozilla, para que su motor de búsqueda sea la opción predeterminada por la configuración original de los navegadores web.
Sin embargo, el Big Tech argumentó que compite de manera justa y que su buscador predomina porque es superior a los demás. Además, señaló que los usuarios tienen la posibilidad de cambiar fácilmente la configuración original.
Qué dice la demanda del Gobierno de Estados Unidos a Google
La demanda solicita que se decrete que Google actuó ilegalmente, que se obligue a la compañía a cesar en sus supuestas prácticas de abuso de posición dominante y que se adopten las “medidas estructurales necesarias” para reparar cualquier daño anticompetitivo. Aunque no especifica cuáles deberían ser esas decisiones.
También pide que se adopte “cualquier otra medida preliminar o permanente necesaria y adecuada para restablecer las condiciones de competencia en los mercados afectados por la conducta ilícita de Google”.