Los efectos de casi tres años de sequía por el fenómeno de La Niña complicaron al sector agropecuario santafesino, lo que conllevó la firma de la emergencia agropecuaria. Recientemente, por Resolución 1484/2023, publicada en el Boletín Oficial de Nación, se prorrogó tal emergencia en Santa Fe hasta el 31 de marzo de 2024.
La sequía implicó pérdidas tanto en el norte como en el sur de la bota santafesina, donde se vieron afectados tanto las cabezas de ganado como las cosechas, sumado a la imposibilidad de renovar o comenzar nuevas cosechas.
Sumado a esto, el cambio de corriente a El Niño no sumó precipitaciones significativas y, las que llegaron, lo hicieron tarde, por lo que el volumen y calidad de las cosechas no es el esperado.
Según un informe de la Bolsa de Comercio de Rosario difundido el pasado viernes, el 43% del trigo sembrado, equivalente a casi 500.000 hectáreas, está en una condición entre regular y mala. En el caso del maíz temprano, la mitad de los lotes no pueden ser sembrados por la falta de lluvia.
¿Qué resolvió el ministerio de economía?
Por eso, el Ministerio de Economía de la Nación, expresó que “la Comisión Nacional de Emergencias y Desastres Agropecuarios, luego de analizar la situación provincial, recomendó prorrogar la emergencia y/o desastre agropecuario, según corresponda”.
Y detalló: “A los efectos de poder acogerse a los beneficios que acuerda la Ley N° 26.509 y sus modificatorias, conforme con lo establecido por su Artículo 8°, los productores y las productoras afectados/as deberán presentar certificado extendido por la autoridad competente de la provincia, en el que conste que sus predios o explotaciones se encuentran comprendidos en los casos previstos en dicho artículo”.
También remarcó que “el Gobierno Provincial remitirá a la Secretaría Técnica Ejecutiva de la Comisión Nacional de Emergencias y Desastres Agropecuarios el listado de los productores y las productoras afectados/as, acompañando copia del certificado de emergencia emitido por la autoridad provincial competente”.
Finalmente, aclaró que “las instituciones bancarias nacionales, oficiales o mixtas y la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), entidad autárquica en el ámbito del Ministerio de Economía, arbitrarán los medios necesarios para que los productores y las productoras agropecuarios/as comprendidos/as en la presente resolución gocen de los beneficios previstos en los Artículos 22 y 23 de la Ley N° 26.509 y sus modificatorias”.
