Dos productores agropecuarios fueron imputados este viernes por obras de canalización clandestinas que provocaron el corte de la Ruta Provincial 1 en el departamento San Javier durante las inundaciones que afectaron al centro y el norte santafesino en enero.
La causa en cuestión se abrió a partir de las denuncias que hizo el propio Gobierno en relación a ese caso. El Ministerio Público de la Acusación (MPA) confirmó que los dueños de los campos son dos hombres de 62 y 66 años, a quienes les atribuyeron los delitos de estrago doloso, daño simple y calificado.
Ambos propietarios llegaron a dicha instancia en libertad y así permanecerán durante el resto del proceso judicial, según indicaron fuentes oficiales. Las iniciales de sus nombres son RFC y RAC y son presidente y vicepresidente de la empresa a cuyo nombre están los campos arroceros involucrados en la maniobra ilegal.
"Construyeron de forma irregular y sin la autorización correspondiente", señalaron a través de un comunicado los fiscales Leandro Lazzarini y Guillermo Persello. Además de haber implementado canales de riego y un canal de derivación, los terraplenes en cuestión tenían "más de seis kilómetros de largo y más de dos metros de altura", lo que impidió el escurrimiento natural de las aguas en la cuenca del arroyo Saladillo Dulce.
La masa hídrica que fue derivada de esta forma durante las inundaciones del último verano causaron el colapso de una alcantarilla en el kilómetro 190 del corredor a la altura de Colonia Teresa. Debido al derrumbe, el tránsito estuvo cerrado más de una semana hasta que el Ejército Argentino instaló un puente Bailey de forma provisoria.