Miguel Ángel Franco, condenado a prisión perpetua por asesinar a golpes a su hijastro Nicolás Almada, de seis años, en Santa Fe, cuestionó la sentencia y desde su defensa pidieron la absolución argumentando una serie de falencias en la investigación.
Franco fue sentenciado a la pena máxima por el delito de "homicidio calificado por alevosía y lesiones leves calificadas en concurso real". Tras el fallo,en la audiencia de apelación que tuvo lugar en la Sala 5 de la Cámara de Apelaciones en lo Penal de Santa Fe, el abogado Ignacio Alfonso Garrone remarcó que la cámara Gesell que se le realizó a la hermana de la víctima, testigo del suceso, se llevó a cabo seis meses después y que eso perjudicó a su defendido.
Además, el letrado pidió la invalidez de un peritaje llevado a cabo un día después del hecho al imputado. Se trata de una prueba que detectó rastros de ADN de la víctima debajo de las uñas de Franco. Ese peritaje, para el letrado, no fue notificado a la defensa de manera legal.
Por otro lado, el defensor puso en dudas si existió violencia de Franco contra Almada teniendo en cuenta que en la vivienda, el día del hecho, se encontraba la madre y la hermana del menor. La primera fue sobreseída en la causa, mientras que la segunda fue la testigo clave que ayudó a revelar el caso.
Sobre este punto, el abogado volvió a mencionar un episodio de violencia que tuvo la madre del niño en 2015, cuando fue golpeado salvajemente y tuvo que intervenir la Subsecretaría de Derechos de Niñez, Adolescencia y Familia.
Teniendo en cuenta todo esto, el letrado le solicitó al tribunal que Franco sea absuelto y se revoque la condena y en todo caso, si no se concede lo pedido, que sea condenado por el delito de homicidio sin el agravante de "alevosía".
Los pedidos de la defensa de Franco fueron rechazados por la Fiscalía y también por los abogados querellantes, quienes argumentaron que el paso del tiempo fue perjudicial para los fiscales.
Vale recordar que Franco fue condenado a prisión perpetua el 7 de noviembre de 2018 por un tribunal de jueces conformado por Héctor Gabriel Candioti, Rosana Carrara y Pablo Busaniche luego de un juicio oral y público que tuvo lugar en tribunales.
Fue juzgado por haber dado muerte al pequeño Nicolás Almada, el cual fue salvajemente golpeado, el 16 de noviembre del 2016, en una propiedad de Cibils al 6300 del barrio Loyola Sur. Allí vivía con su padrastro, su madre, Daiana Mendoza y su hermana menor de edad.