Noel Nardone
A partir del 1° de enero Nación traspasará a las provincias el pago de las prestaciones de transporte del Programa Federal Incluir Salud, que garantiza el traslado de personas con discapacidad. Sin embargo no está claro con qué recursos se hará frente a estas nuevas obligaciones de las cuales el Gobierno nacional ahora se desentiende.
"Esta decisión del gobierno nacional, de recortar prestaciones en diversas áreas, no es nueva. En este caso se recorta una prestación fundamental para las personas con discapacidad, que es el transporte y movilidad para que puedan acudir a sus actividades y terapias", indicó la diputada provincial Silvia Augsburger.
Agregó que lo concreto es que a partir del 1° de enero, es decir, en 20 días, se deja de dar esta cobertura y hay una gran incertidumbre acerca de cómo la provincia de Santa Fe responderá para garantizar derechos a las personas con discapacidad.
El pedido de informes presentado en la legislatura provincial solicita al Poder Ejecutivo que, a través del Ministerio de Salud, de respuesta sobre varias cuestiones que hacen a la prestación del programa Financiar Incluir Salud (PFIS) que depende de la Agencia Nacional de Discapacidad.
"Se solicita saber a partir de qué fecha está prevista la entrada en vigencia del traspaso a las provincias del pago de las prestaciones de transporte, cuál es la cantidad de personas con discapacidad beneficiarias del PFIS que son usuarios/as de la cobertura de transporte en el territorio provincial y con qué fondos prevé la provincia afrontar estas obligaciones", señaló.
Además, el pedido de informes plantea saber cuáles son los procedimientos administrativos que se implementarán a partir de la entrada en vigencia del traspaso a la provincia a fin de evitar demoras en las rendiciones de facturación, cadena de pagos para prestadoras de servicios de transporte y/o evitar restricciones y suspensiones para los/as beneficiarios/as.
"Sabemos que el programa viene sufriendo recortes en los últimos tiempos y esta decisión profundiza aún mas ese ajuste, generando una situación de angustia e incertidumbre tanto a las instituciones y transportistas que prestan servicios a beneficiarios y beneficiarias del programa, como así también a las familias sobre quienes peligra la continuidad de la cobertura", explicó Augsburger.