Noel Nardone
Cada vez son más los sectores de bajos ingresos que deben recurrir a prestamistas que les dan dinero a cambio de tasas usureras que en algunos casos superan el 100%, según un relevamiento provincial.
La legisladora provincial, María Cecilia del Huerto Ayala, y su equipo, realizó un estudio de campo sobre la problemática vinculada con la falta de regulación de entidades de crédito para el consumo en la provincia. Y se encontró con la falta de información veraz, clara y detallada que sufren los tomadores de este tipo de créditos, que suelen desconocer las tasas finalmente abonadas y las penalidades por incumplimiento.
El trabajo de campo que llevó adelante confirmó la hipótesis de que los consumidores más pobres -como jubilados, jóvenes trabajadores y contratados del Estado- pagan más caros los productos que compran mediante estos sistemas de crédito. En este sentido, indicó que "a partir de la situación económica actual que activa un proceso inflacionario, se agudiza la pérdida de poder adquisitivo de los sectores de menores ingresos, generando un impacto negativo sobre su capacidad para afrontar el pago de los créditos adquiridos".
Esto quedó expuesto en la presentación que le realizó al defensor del Pueblo de Santa Fe, Raúl Lamberto, donde explicó que se están otorgando préstamos de $20.000, con un plazo de 12 meses para devolver en cuotas de $3.367. Esto arroja un importe total adeudado de $40.404, es decir que en un año el tomador devuelve el 100% del valor del crédito original.
Distinto es el caso de quienes disponen con ingresos más elevados y pueden contar con un recibo de sueldo y antigüedad laboral, lo que les permite acceder a créditos de $50.000, a devolver en un plazo de doce meses. En estos casos la cuota asciende a $6.584 y el importe total adeudado llegaría a $79.008, por lo que igualmente terminaría abonando una elevada tasa del 60% del crédito concedido.
"Muchas personas, siendo titulares de pensiones no contributivas, recurren a varias entidades tomando distintos créditos, de manera que todo su ingreso tienen que destinarlo al pago de los compromisos que asumió. Por ende la insolvencia es muy alta y las mismas agencias comienzan la refinanciación de los créditos, agravando la situación económica del pensionado al verse inserto en un círculo vicioso de endeudamiento que se torna impagable", explicó Ayala.
"Esta situación ha derivado en un incremento de la judicialización de este tipo de contratos, con el agravante de que este segmento de consumidores en general no recurren a abogados para que realicen su defensa en los estrados judiciales", explicó y añadió: "Este hecho se ve agudizado por la ausencia de un registro armonizado, donde se pueda hallar información normalizada acerca de la capacidad de pago de los interesados en tomar este tipo de créditos, que ante apremios económicos muchas veces se endeudan más de lo que sus ingresos aconsejarían".
Por su parte Lamberto destacó que en los últimos años, y como consecuencia de la situación económica general, "se ha multiplicado la aparición de estas casas de financiamiento, constituyéndose en un sector que no tiene ninguna regulación específica puesto que no son financieras como lo entiende la ley", explicó.