La Comisión bicameral de Acuerdos de la Legislatura de Santa Fe decidió "congelar" la suspensión por 90 días al fiscal Adrián Spelta de Rosario, que acordó la excarcelación de un narcotraficante condenado por atentar en 2013 contra el domicilio del entonces gobernador de la Provincia, Antonio Bonfatti.
Los legisladores tomaron esa decisión luego de que la Cámara de Apelaciones en lo Laboral declarara "inconstitucional" la ley que concedió a diputados y senadores la facultad de sancionar a miembros del Ministerio Público de la Acusación (MPA).
La resolución de la Cámara Laboral de Rosario, conocida días atrás, fue en respuesta al recurso de amparo presentado por el propio Spelta. El fiscal de la Unidad de Homicidios Dolosos fue sometido a un proceso disciplinario en la Comisión Bicameral de Acuerdos por un acuerdo de prisión domiciliaria que realizó en 2018 con la defensa de Emanuel "Emma Pimpi" Sandoval, un narco que fue condenado por la balacera al domicilio particular de Bonfatti
Sandoval estaba imputado, junto a su hermano, como presunto instigador de una triple tentativa de homicidio cuando el fiscal acordó con su defensa la prisión domiciliaria, que cumplía en una vivienda alquilada a un juez, cuando en octubre de 2019 fue asesinado en ese lugar.
El senador radical Lisandro Enrico, que actuó como acusador, entendió que Spelta incurrió en "una falta grave" en su función porque -argumentó-, "le dieron la prisión preventiva en una casa a una persona de habitualidad delictiva, lo que convierte típicamente a este caso en una puerta giratoria de la Justicia".
Mientras transcurría el proceso en su contra, el fiscal Spelta presentó un recurso de amparo que la Cámara Laboral de Rosario resolvió esta semana en su favor, declarando inconstitucional la ley 13.807 que concedió la potestad disciplinaria de los fiscales a la Legislatura provincial.
Antes de la sanción de esa norma, el control del desempeño de los fiscales estaba en manos de un organismo disciplinario del propio MPA. El fallo de cámara consideró que la ley avanza sobre la división de poderes consagrada en la Constitución santafesina y en la autonomía del MPA, por lo que la declaró "inconstitucional".
