Leandro Boyer
El plan que diseñó el gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, para intervenir en la conducción del grupo agroexportador Vicentin quedó trunco por la incapacidad de alcanzar un acuerdo con los directivos de la empresa, a pesar de la voluntad común de crear un fideicomiso. Pesaron más los tecnicismos y las lecturas políticas.
Y pocas horas después de confirmarse el fracaso de esas gestiones, efectivos de la Policía Federal allanaron las oficinas centrales de la empresa ubicadas en la ciudad santafesina de Avellaneda, en el marco de la causa que lleva adelante el juez federal Julián Ercolini y en la que se trata de determinar si, durante el gobierno de Mauricio Macri, se perpetraron maniobras de defraudación al Estado con los créditos que la firma obtuvo del Banco Nación.
Los enviados de la Justicia se irán con alrededor de 1200 hojas con información financiera y administrativa sobre las operaciones de los últimos 5 años en Vicentin y en una de sus divisiones, la Algodonera Avellaneda, que solicitó el fiscal Gerardo Pollicita.
Caído el plan de Perotti, que se había transformado en la alternativa más viable del presidente Alberto Fernández para tomar por vía judicial la conducción de la empresa tras la polémica y los banderazos que provocó su idea de expropiación, ahora el futuro de Vicentin depende de las negociaciones con los acreedores. Los dueños deberán acercar posiciones para cubrir parte de las deudas y evitar la quiebra.
"Lamentablemente los directivos de la empresa y los representantes del gobierno de la provincia, a quienes les tocó representar el interés estatal, no pudimos coincidir en cómo instruir el rescate que tanto nos tiene preocupado, porque las dos únicas condiciones que el Gobierno solicitaba era que los directivos actuales den un paso al costado y retirarse de la gestión, y por otro lado que las acciones que representan la propiedad de la empresa pudieran ser volcadas a un fideicomiso para que este las administrara y pudiera tomar las decisiones trascendentales de la vida de esta firma", explicó el secretario de Justicia santafesino, Gabriel Somaglia, en declaraciones a la prensa local que realizó este viernes.
El funcionario de Perotti reconoció que "al no poder consensuar esos dos puntos, es innecesario continuar y hacerle perder tiempo al magistrado (Fabián Lorenzini, a cargo del tribunal Civil y Comercial de Reconquista) con negociaciones inútiles porque son dos premisas que son trascendentales".
“Si no se acceden a esas dos condiciones, prácticamente es imposible abordar el tema con cualquier acreedor o cualquier inversor que quisiera estar interesado, porque no tendríamos el mandato ni la legitimidad para poder hacerlo. Nos resulta imposible articular lo que pretendíamos”, agregó Somaglia.
En tanto, la versión de la empresa es algo distinta. Alegan que sí tenían voluntad para conformar un fideicomiso y para cambiar al directorio, pero reconocen que el límite de esa predisposición fueron los términos que impuso la administración de Perotti. Hasta advierten que el magistrado planteó la posibilidad de realizar otra reunión para tratar de pulir las diferencias pero que Somaglia se negó y dio por cerrada la discusión.
Puntualmente, el esquema que habilitaron en Vicentin contempló la creación de un fideicomiso con la entrega de acciones como garantía. Es decir, mantener la conducción hasta que se constituya el universo de los nuevos socios y se capitalice la entrega de la participación.
"El gobierno planteó una intervención encubierta porque quería que se entreguen las acciones en administración, para que ellos tomen el control de la empresa hasta que se resuelva lo del fideicomiso", cuestionaron las fuentes consultadas con acceso a cada detalle de la reunión.
Los dueños de Vicentin aseguran además que están dispuestos a cambiar a los cuestionados integrantes del directorio, pero por otros que designen los accionistas y no el Gobierno; a presentar toda la información referida a los balances, movimientos de créditos y de fondos entre las empresas; y hasta a crear un Comité de Dirección con participación del gobierno nacional y de la provincia, cuyo objetivo sería presentar la propuesta para los acreedores.
“Mostramos voluntad para entregar las acciones en garantía hasta que se constituya el fideicomiso y quede establecido el Comité de Dirección con las proporcionalidades que determine ese fideicomiso. Y, en el interín, también se aceptó la participación del Gobierno en ese Comité de Dirección”, remarcaron.
Para Vicentin, la imposibilidad de acercar posiciones puso en evidencia que la intención oficial es la de irrumpir en la conducción del grupo. Y al claudicar, el gobierno de Perotti evitó un desgaste innecesario frente a un conflicto que se desató, tal como lo reconocen cerca de Alberto Fernández, por una decisión apresurada que no incluyó todas las consultas necesarias para definir una estrategia adecuada.
Vicentin entró en concurso de acreedores en marzo pasado y hasta el momento se presentaron créditos para su verificación por unos $100 mil millones de pesos, según el expediente. El 30 de agosto vence el plazo para los peritos de la Justicia corroboren esos números.
Frustrada la estrategia con la que la Casa Rosada trató de concretar la intervención estatal en el marco del proceso de acreedores que lleva adelante el juez Lorenzini, ahora el futuro de Vicentin vuelve a depender, por lo pronto, de las conversaciones con los acreedores.
Para evitar la quiebra, la empresa debe elaborar una propuesta de pago y, aunque se constituyó un comité de acreedores, con representación de los principales demandantes, entre los que figura el Estado mediante el Banco Nación, la adhesión debe alcanzar un doble objetivo: agrupar a la mayoría de los acreedores y, a su vez, ese universo debe representar dos terceras partes del volumen total de la deuda.
Ante los próximos desafíos, en la empresa exigen que el “gobierno envíe las señales necesarias para generar la tranquilidad con la que se deben mantener las conversaciones” entre las partes involucradas en el proceso. En ese camino, los dueños de Vicentin siguen abiertos a la llegada de socios.