La denuncia sobre espionaje ilegal por parte de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI) ganó repercusión este martes a partir de la difusión de una lista que incluye al gobernador Omar Perotti. El rafaelino es uno de los políticos santafesinos que aparecen entre los supuestos objetivos de tareas de inteligencia bajo la presidencia de Mauricio Macri.
Si bien es el más importante, el nombre del jefe de la Casa Gris no es el primero en tomar estado público en torno a la presentación de la interventora del organismo, Cristina Caamaño. El día anterior, el diputado nacional del Frente de Todos, Marcos Cleri, advirtió que se encuentra entre unas 80 personas cuya dirección de e-mail había sido intervenida desde junio de 2016 sin autorización u orden previa de la Justicia.
"No sorprende pero no se pueden naturalizar estas prácticas porque hay que mejorar la democracia, no retroceder a tiempos oscuros", afirmó el rosarino a través de un comunicado. Asimismo anticipó que no descarta presentarse como querellante en la causa referida a las actividades de la ex Side bajo la conducción de Gustavo Arribas y luego Silvia Majdalani.
Según informó Perfil, dos dirigentes provinciales más forman parte de las presuntas víctimas del espionaje ilegal. Por un lado aparece Lucila Puyol, actual secretaria de Derechos Humanos de Santa Fe e integrante de la agrupación Hijos. A ella se suma Gerardo Rico, exintegrante de la Cámara baja en la Legislatura y referente del Movimiento Evita.
