Después de diez meses sin novedades sobre la investigación de la muerte de un matrimonio y su hijo de 35 años, el Gobierno provincial lanzó este mes una recompensa de medio millón de pesos para esclarecer el presunto homicidio de la pareja, así como el abandono previo al fallecimiento del muchacho.
La medida tomada por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos fue adoptada el último 12 de julio pero recién se oficializó este lunes a través del Boletín Oficial. El deceso de Rafael Espino y Rita Mónica Rampazzo estremeció a la ciudad a fines de octubre e incluso llegó a alimentar sospechas sobre un pacto suicida. Sin embargo, el Ministerio Público de la Acusación (MPA) se inclinó finalmente por considerar el caso como un "presunto homicidio" que días más tarde le costó la vida a Rodrigo Espino, quien tenía parálisis cerebral y quedó abandonado durante 48 horas en la vivienda.
En la Resolución 129, el Ejecutivo afirmó que el Ministerio Público de la Acusación (MPA) recolectó "importantes evidencias" para avanzar sobre la teoría de un asesinato en el inmueble ubicado sobre Francia al 1100. Al mismo tiempo, advierten "dificultades" para conseguir testigos desde la tarde del 24 de octubre, cuando hallaron los cadáveres que presentaban signos de putrefacción. Puntualmente los funcionarios señalaron que "existe cierto hermetismo o reticencia entre los vecinos", lo que complicó la pesquisa ante la escasa cantidad de amigos y conocidos para rastrear antecedentes de la pareja.
El hijo del matrimonio fue auxiliado tras el allanamiento de la propiedad. Estaba en su pieza porque no podia moverse por su cuenta. Desde allí lo trasladaron al Hospital José María Cullen, donde ingresó en estado crítico con deshidratación e hipotermia y falleció la madrugada del domingo siguiente.
La causa que está en manos de los fiscales Andrés Marchi y Ana Laura Gioria aún no tiene personas identificadas como partícipes en el supuesto crimen. La recompensa surgió a partir del reclamo de familiares entre los que se cuenta la madre de Espíno, Olga Belis Bangerter, quien se constituyó como querellante a principios de marzo.
El Gobierno santafesino dio curso a la medida a partir de la solicitud del MPA y así se anunció que la información y datos de interés deberán ser aportados en la sede del Centro de Asistencia Judicial (CAJ), en calle Salta 2483. En ese caso está confirmado que cualquier presentación contará con la ayuda de la Dirección Provincial del Programa de Acompañamiento y Protección de Víctimas y Testigos.