Redacción Vía San Rafael
La Cámara de Comercio de General Alvear emitió un duro comunicado en el que expresa el rechazo al pago de un bono de fin de año para los trabajadores del sector privado decretado “de manera unilateral” por el Gobierno Nacional.
Según consideraron desde la institución sureña la medida fue “unilateral, “inconsulta” y si bien sostienen que no desconocen “la necesidad de una urgente recomposición salarial”, aseguraron que el decreto no tiene en cuenta la “dura realidad que golpea al sector empresario pyme, comercial y de servicios”.
Con el comunicado, la Cámara alvearense, rechazó la medida y se puso en línea con otras entidades empresarias de la provincia que también criticaron la implementación del bono.
Desde la institución aseguraron que así como el trabajador es víctima de la inflación, también lo es el sector privado que sufre los embates del “efecto inflacionario” y al mismo tiempo “padece el estancamiento en el consumo” o peor aún “ventas que están en caída libre”.
Por último dejaron en claro el rechazo a “esta disposición del Gobierno Nacional que de hacerse efectiva, dejaría al sector privado en dificultades para hacerle frente a esta nueva imposición estatal”.
El comunicado completo
Desde la Cámara de Comercio, Industria, Agricultura y Ganadería de General Alvear vemos con suma preocupación la medida unilateral que adoptó el Gobierno Nacional con respecto al pago de un bono de fin de año de $24.000 para los empleados del sector privado.
Medida que, según anunció el Ministerio de Trabajo, debe hacerse efectiva si o si en lo que resta de diciembre, mes en que además se debe abonar el medio aguinaldo.
No desconocemos la urgente necesidad de una recomposición salarial para los trabajadores en todos los sectores de la economía, cuyos ingresos reales se ven afectados de manera constante por la inflación.
Sin embargo, también somos conscientes de la dura realidad que golpea al sector empresario pyme, comercial y de servicios, que enfrenta una coyuntura económica altamente compleja, que es una víctima más del efecto inflacionario y a su vez padece el estancamiento en el consumo.
La medida decretada por el Gobierno Nacional nunca fue consultada y mucho menos consensuada con las entidades que representan al sector y una vez más se aplica con un desconocimiento total de la situación actual.
Además, como lo viene señalando CAME en sus informes mensuales, las ventas vienen en caída libre durante los últimos meses. Hay rubros con bajas de 2 dígitos.
En este contexto, no avizoramos en el corto plazo una recuperación real en tanto no se implementen medidas que le den certeza a la economía y fundamentalmente al sector productivo.
Ante lo expuesto, rechazamos esta disposición del Gobierno Nacional que de hacerse efectiva, dejaría al sector privado en dificultades para hacerle frente a esta nueva imposición estatal.