El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación ya firmó, hasta la fecha, 18 convenios con otras provincias como San Juan, Mendoza, Cordoba, entre otras. Sin embargo San Luis, Catamarca, Santiago del Estero, Chaco, Formosa y Corrientes no adhirieron.
Según informó El Chorrillero, y de acuerdo con los datos oficiales, los equipos que reciben las provincias están compuestos por dos unidades de rastreo, una que se le entrega a la víctima y una tobillera al agresor. A través de un transmisor de radiofrecuencia, se activa una alarma si el denunciado está cerca de la víctima o si intenta sacarse el dispositivo.
Además ambos aparatos están monitoreados las 24 horas. Hasta la fecha el Gobierno Nacional entregó 615 dispositivos que ya están funcionando.
De la región cuyana, Mendoza y San Juan conforman la lista de las provincias que accedieron a este método de prevención. Y la primera es junto a Córdoba (100 cada una) las que más aparatos recibieron, mientras que al gobierno sanjuanino se le otorgaron 15.
Dentro del convenio está estipulado que las provincias deben establecer un Centro de Monitoreo para rastrear los aparatos.
San Luis hasta el momento no accedió a la firma del convenio, por lo tanto, no está adherido al sistema.
Desde el área de prensa del organismo nacional informaron que el centro debe operar 24 horas los siete días de la semana y que desde el ministerio se encargan de capacitar a los operadores.
Además indicaron que "en su momento hubo conversaciones con autoridades locales", y que esperan a que San Luis se adhiera.
¿Cómo funciona?
"El sistema permite monitorear la ubicación del agresor y la víctima, así como fijar zonas de exclusión o peligro (domicilio, trabajo, colegio de los hijos, etc)", indicaron y ante una eventual violación del perímetro se emite una alerta.
Con esto, en caso de que el agresor se acerque a la víctima o a la zona de exclusión a una distancia menor a la establecida en la orden judicial, el sistema emite alertas (tanto al agresor como al Centro de Monitoreo), lo cual permite "un manejo más eficaz de protocolos de mitigación de riesgo".
También, en caso de que el agresor viole la restricción judicial, podrá ser usado como prueba. "Se traslada la carga del alerta, de la víctima al Estado, lo que permite que la mujer pueda recuperar su vida cotidiana", explicaron desde el Ministerio.
Se difundió que Córdoba y Mendoza son las dos que más elementos recibieron, 100 cada una; luego siguen Salta (75), CABA (66), Provincia de Buenos Aires (60), La Rioja (30), Tucumán (30), Entre Ríos (25), La Pampa (25), Neuquén (25), Santa fe (20), Chubut (20), San Juan (15), Tierra del Fuego (14), Jujuy (5) y Misiones (5).
De esas 615, tobilleras entregadas "se usaron ya en 480 causas judiciales vinculadas a violencia de género".