El Gobierno de San Luis expropió y derrumbó el ranchito de una familia en La Tranca

El jueves pasado el juez Civil Agustín Ruta ordenó el desalojo de una familia del paraje puntano La Tranca por decisión del Gobierno de San Luis que cedió las tierras a la comunidad Huarpe. Este martes la mujer de 67 años lloraba desconsolada mientras veía como una topadora demolía su casa.

Saturnina "Nina" Agüero, de 67 años, resistió lo más que pudo junto a sus cuatro hijos y cinco nietos a la orilla de la ruta, desde la semana pasada hasta hoy, para evitar que le sacaran lo único que posee: un humilde rancho en el que vive junto a su familia.

La mujer asegura ser la legítima propietaria del campo ubicado en dicho paraje, pero la Fiscalía de Estado sostiene lo contrario: "A esta señora se la desaloja porque, después que se expropió, se introdujo en esa fracción de terreno y es una usurpadora", dijo el secretario de la Sala Judicial del organismo Roald Cattaneo a ANSL.

Alberto Rodríguez Saá impulsa la política de restitución de tierras a las culturas originarias, es por eso que tomaron posesión. Aunque este conflicto se originó, aproximadamente, hace una década; pero como supuestamente Saturnina no acordó, el Gobierno fue a la Justicia y logró la semana pasada que el juez Civil N°4 Agustín Ruta emitiera una orden de desalojo. De inmediato una topadora volteó la precaria construcción. 

El domingo por noche la familia compartió imágenes que muestran las condiciones en las que se encuentra: al costado de la Ruta Nacional N° 20, Km 410, y señalaron que todavía "nadie" del Gobierno se comunicó para ofrecer "asistencia o una solución", informó El Chorrillero.

"La tierra es de los Huarpes"

El lunes en una conferencia de prensa, el gobernador Alberto Rodríguez Saá explicó sobre el caso que: "Es una expropiación sobre una tierra que son de los Huarpes y están ocupadas hace mucho tiempo por una familia. Tratamos 400 mil millones de veces con esa familia de dialogar para encontrarle una solución a la situación y la respuesta de ellos fue no. Es un conflicto permanente con la comunidad Huarpe, que tiene los derechos reconocidos donde dice que esas tierras les pertenecen. Lo único que hizo el Estado provincial es avanzar en nuestra política de las tierras para las culturas originarias".