El senador Nacional de Unidad Justicialista por San Luis, Adolfo Rodríguez Saá, no fue a la sesión en la que se sancionó la "Ley Micaela" contra la violencia de género, porque adelantó sus vacaciones y compartió una foto en sus redes en la que se lo ve muy relajado junto a su esposa Gisela Vartalitis.
A las 10:23 el ex presidente decidió publicar en sus redes sociales:"Siempre hay que encontrar un momento para sentarse a dialogar con nuestros seres queridos. Estamos con Gisela por empezar unos ricos mates", consignó en el posteo a sus seguidores y se permitió plantear un par de consignas: "¿Cómo le gustan a ustedes? ¿Dulces o Amargos?".
Según publicó El Chorrillero a esa hora ya estaba avisando que ese miércoles no estaban en su agenda las obligaciones legislativas. Es decir, ya dio por terminada este año su labor como senador, por la cual cobra arriba de $100 mil mensuales. A ellos suma la jubilación de privilegio de $297.087 que percibe por su período de siete días como presidente de la Nación durante la crisis de 2001.
¿De que trata la "Ley Micaela"?
Se trata del Programa Nacional Permanente de Capacitación Institucional en Género y Violencia contra las mujeres, bautizado "Ley Micaela García", en homenaje a la joven de 21 años asesinada en Gualeguay en abril de 2017.
El proyecto establece la capacitación obligatoria en la temática de género y violencia contra las mujeres para todos los que se desempeñen en la función pública en todos sus niveles y jerarquías en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Nación.
La capacitación de las máximas autoridades de los tres poderes estará a cargo del Instituto Nacional de las Mujeres, que en su página web, deberá brindar acceso público y difundir el grado de cumplimiento de las disposiciones de la ley en cada uno de los organismos.
El debate de este proyecto fue impulsado por un grupo de diputadas, luego de la denuncia realizada la semana pasada por el colectivo de actrices que acompañó a la actriz Thelma Fardin, quien acusó al actor Juan Darthés por abuso sexual.
A través de la iniciativa se establece además que quienes se nieguen a realizar las capacitaciones serán intimados en forma fehaciente por la autoridad de aplicación.
Según la ley, el incumplimiento de esa intimación será considerado falta grave, dando lugar a una sanción disciplinaria pertinente, a la vez que se habilita a hacer pública la negativa de participación a través de la página web del Instituto nacional de las Mujeres.