También está acusada de fraguar el título del secundario. Tras seis meses de sanción, Juana Baracco, de la localidad sanluiseña de La Toma, volvió a su cargo.


Juana Baracco había sido electa concejal por el partido “San Luis Somos Todos”, pero una vez en esa función abandonó la fuerza del intendente capitalino Enrique Ponce y se pasó para el bando de los Rodríguez Saá: Unidad Justicialista. Había sido suspendida por seis meses por cobrar indebidamente un total de $43.200 por un plan solidario.

Luego de que se diera a conocer el caso, la dirigente fue separada de su cargo en junio de este año por el Concejo Deliberante, tras haber incurrido en la violación del artículo 23 de la Constitución provincial, que determina la incompatibilidad de cargos en los funcionarios públicos. 

Según publicó El Chorrillero sus pares constataron que durante meses cobraba de forma simultánea sus haberes como legisladora y coordinadora de un merendero creado en 2017 por el Gobierno de Alberto Rodríguez Saá. Fue por ello que recibió una suma de $43.200 en concepto del Plan Solidario 22 AG, percepción que es incongruente con su desempeño como concejal.

Anticipó que tomará acciones legales contra los concejales por medio de una nota.

En la sanción a Juana Baracco, que fue establecida por la comisión de Disciplina, Juicio Político y Responsabilidad Patrimonial en conjunto con la de Garantías Constitucionales, se determinó que debía devolver el monto al Estado y que estaría seis meses sin ejercer su cargo.

Por esto el jueves, los ediles realizaron una sesión extraordinaria y le leyeron la documentación presentada por ella a fin de cumplir con su castigo.

Según el concejal por Avanzar y Cambiemos, Carlos Díaz, “era una carta documento fechada el 5 de diciembre al ministerio de Desarrollo Social donde pide la apertura de una cuenta para hacer el depósito del dinero mal percibido” y añadió que: “Hizo una presentación el 7 de diciembre ante el juez (Fernando) Spagnuolo comisionando una cuenta judicial para hacer el depósito de las sumas que debería devolver”.

Ante esto, el Concejo Deliberante resolvió conformar una comisión Investigadora debido a que no se acreditó el reintegro de los fondos y con el fin de determinar el cumplimiento de la sanción.

La comisión, integrada por Américo Olguín, Douglas Carranza y Díaz, solicitará un informe a la cartera de Desarrollo Social para conocer si Baracco continúa activa dentro del programa 22 AG y para saber si hizo el reembolso de los fondos.

A su vez, instarán a Spagnuolo a que brindé información que permita “saber si decretó la apertura de la cuenta y si están depositados los dineros”, explicó Díaz a El Chorrillero.

Una vez obtenidos los informes, la comisión Investigadora elevará una reseña a la de Disciplina, Juicio Político y Responsabilidad Patrimonial para establecer finalmente si se efectuó el cumplimiento de la sanción.

Lamentablemente esta situación no fue la única falta en la que incurrió Baracco ya que en ese momento también percibió dinero por el título secundario, pero luego se advirtió que había presentado un “analítico provisorio incompleto”. Este hecho ya habría sido subsanado.






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