El martes la Municipalidad de San Luis clausuró un depósito supuestamente ilegal de alimentos, que utilizaba el Gobierno de San Luis para guardar la mercadería que luego entregaba a los merenderos barriales. La decisión fue porque supuestamente no cumplía con varias normas y no tenía control bromatológico. Sin embargo, durante la tarde del miércoles por orden del Juez de Faltas Municipal, Alejandro Ferrari, se levantó la clausura del depósito.
Según informó la Agencia de Noticias San Luis, la Fiscalía de Estado y el Ministerio de Desarrollo Social solicitaron durante el mediodía del miércoles la nulidad de lo actuado y que se ordene de inmediato el levantamiento de la clausura por el Programa de Fiscalización, Dirección de Rentas, dependiente de la Secretaría de Hacienda de la Municipalidad de la ciudad de San Luis, en el depósito en donde se almacenan los productos que se entregan en el marco del plan "MERENDEROS BARRIALES".
La mercadería en resguardo del depósito de dicho plan aseguran que está en óptimas condiciones, ya que la manipulación de los alimentos se realiza con extremo cuidado y son mantenidos en excelentes condiciones higiénicas. No hay alimentos vencidos y la integridad de los envases de los productos jamás estuvo afectada.
Sobre los controles de salubridad de los productos almacenados, que pusieron en duda funcionarios municipales, Desarrollo Social aclaró: "Todos los productos ingresados al depósito de merenderos cuentan con la documentación de tasa de introducción por casilla sanitaria, ya que los proveedores están debidamente habilitados en el Registro del Estado, del Programa Compras y Contrataciones".
Y denunció que la inspección del martes fue "un mero operativo mediático, desarrollado con la intervención de más de 25 empleados municipales que no se identificaron, violando de esta manera el debido proceso, derecho de defensa, y derecho de propiedad todos ellos consagrados en nuestra Constitución Nacional y Provincial".
En un oficio dirigido al secretario de Hacienda, Esteban Pringles, Ferrari ordenó levantar la clausura del local ubicado en Ruta 3 y Salvador Segado. El juez dejó constancia de que el depósito no genera ninguna actividad comercial e hizo referencia a la urgencia del Estado provincial de disponer de los productos porque cumplen un fin social.