Un beneficiario de una vivienda social de Villa de Merlo, en San Luis, la puso a la venta en las redes sociales y ahora tendrá que dar explicaciones a la Justicia luego de que la Secretaria de Vivienda recibiera el caso, juntara pruebas y lo elevara a la Fiscalía de Estado solicitando acciones civiles o penales para este hombre, del que no difundieron la identidad, y para los intermediarios de la venta.
Según publico El Diario de la República, la Secretaría de la Vivienda inició acciones para desadjudicarle la casa al beneficiario que la había recibido en 2013 y no la había cancelado.
Ángela Gutiérrez de Gatto, secretaria de Vivienda, contó que inmediatamente recibieron la denuncia y comprobaron que la casa no estaba cancelada llevaron adelante dos acciones: por un lado, dieron inicio a las investigaciones administrativas para la desadjudicación y por otro, la denuncia ante Fiscalía de Estado del Gobierno de la provincia a fin de que se inicien las acciones correspondientes contra el adjudicatario de la vivienda y en el caso que existieran intermediarios que ofrecían la venta del inmueble.
Funcionarios de la Secretaría se contactaron al número de celular publicado, manifestando que estaban interesados en la compra de la casa, por lo que coordinaron una reunión con el vendedor donde pudieron constatar que efectivamente la vivienda había sido dada en venta a un corredor inmobiliario y que mantenía deuda pero que "con el dinero de la venta, la misma se cancelaría en seis meses".
Recabada toda la información, los funcionarios se identificaron como tales ante el vendedor y le solicitaron el cese de las publicaciones de venta y de toda acción tendiente a ese fin para posteriormente labrar un acta con lo sucedido.
Gutiérrez de Gatto agregó que la vivienda había sido adjudicada a esta persona en 2013 y que prácticamente estaba sin uso. Además remarcó que desde el año pasado la provincia cuenta con una Ley Integral de Viviendas, que en su artículo 8 dispone que "toda persona humana o jurídica que intervenga, facilite, propicie o realice una venta, transferencia, cesión, alquiler, permuta o préstamo, de una vivienda adjudicada, será pasible de sanciones administrativas, así como de las acciones civiles y/o penales que pudieren corresponder, estableciendo asimismo que las operaciones descriptas carecerán de validez y serán inoponibles al Estado ".