Gonzalo Estrada es abogado y ex ministro del Gobierno de San Luis; el jueves publicó en su red social facebook graves declaraciones que pusieron un manto de sospecha sobre los miembros de uno de los poderes del Estado. Exigió "dar certeza de que no hay droga en los Tribunales" de la provincia.
La polémica comenzó tras la destitución de la jueza Silvina Lafuente, de la que su hermano y procurador General de la Provincia, Fernando Estrada, actuó como acusador y pidió la remoción.
Durante una entrevista en el programa Conectados, que conduce Juan Pablo Galliano por Radio Digital, el ex ministro Estrada salpicó a Lafuente y el juez de Instrucción Penal, Alfredo Cuello.
Lafuente fue denunciada por abuso de autoridad, mal desempeño de sus funciones e incumplimiento de los deberes y finalmente destituida en el segundo Jury de Enjuiciamiento. Sin embargo, para Estrada eso "no alcanzó en algún momento ni siquiera a rozar la corrupción económica de ella".
El Chorrillero publicó que Estrada no es un abogado más ya que es el hermano del procurador General de la Provincia y es el dirigente del PJ villamercedino que usualmente tiene un alto perfil, fue ministro de Gobierno, Justicia y Culto de Alberto Rodríguez Saá y también diputado provincial por el departamento Pedernera.
El hermano del procurador también habló del caso por presuntos abusos sexuales en el Colegio San Buenaventura. "Esa causa tiene otras derivaciones porque uno de los padres llegó inclusive a denunciar que el juez Cuello lo había amenazado con un arma de fuego en frente de su local comercial", recordó.
Estrada se hizo eco de las declaraciones de ese padre y apuntó: "También dice que él tiene dudas de que el juez quisiera hacer o debiera hacerse un análisis de sangre o de orina respecto a su adicción a las drogas" y añadió que "yo no sé si el doctor Cuello es drogadicto o no, pero en definitiva tampoco tengo porque dudar de un padre denunciante que hace esas declaraciones en un Tribunal y bajo juramento", cuestionó Estrada.
"La Justicia debe ser en definitiva una solución y no un problema" y que las personas deben encontrar en ella "certezas y no inseguridades. "Yo no sé si hay jueces que son puntualmente drogadictos o no, pero sí sé que tienen la obligación de darle a la ciudadanía certezas de transparencia, de que la función judicial es impoluta", insistió.
También indicó que la propuesta de antidoping podría implementarse por medio de una ley, un reglamento de la Justicia o "hasta por la propia voluntad de cada integrante" concluyó.