A finales de julio la Policía de San Luis anunció la puesta en funcionamiento de la Unidad Especial Investigativa COVID-19. Señalaron que en menos de dos meses los trabajos de la misma han arrojado como resultado la detección de 300 ingresos irregulares a la provincia: 240 intentaron entrar escondidos en vehículos de transporte y 60 quisieron hacerlo a través de caminos rurales.
"Esta área trabaja en conjunto con las unidades regionales correspondientes. Las tareas se coordinan entre la Policía de cada jurisdicción, los 140 efectivos de la Unidad COVID-19, personal de Salud, del Ministerio de Ciencia y Tecnología y de la Justicia", explicó el comisario general Javier Funez, quien dirige la Unidad Investigativa, creada especialmente para controlar los ingresos al territorio provincial durante la pandemia.
Los principales puntos en los que la actividad de vigilancia se ha intensificado corresponden a los límites con las provincias de Mendoza, Córdoba y La Pampa. Sobre los puestos fronterizos se realizan controles de documentación y se corrobora que quienes quieran entrar al territorio puntano tengan las autorizaciones correspondientes. Los efectivos apostados entrecruzan información con las bases que el Ministerio de Ciencia y Tecnología confeccionó. Ahí figuran los datos declarados de quienes solicitan el ingreso.
Para el caso del transporte el procedimiento es similar, pero la atención se pone en que se cumplan los protocolos de transferencias de cargas y que los choferes respeten las medidas sanitarias, como tener el PCR y que coincida la declaración jurada. Además, se controla que en el vehículo no haya más personas que las que fueron anunciadas. Afirmaron que en las 240 actuaciones registradas, las personas iban escondidas de distintas maneras.
Otras de las zonas que demandan atención son los campos privados. La Policía indicó que los sesenta ingresos ilegales registrados a través de esta vía se han producido por caminos internos ubicados en establecimientos rurales, que ocupan territorio tanto en San Luis como fuera de los límites provinciales. "En los casos en los que los ingresos irregulares se dan en campos privados, también se investiga a los propietarios de los terrenos. Suponemos que los dueños tienen conocimiento de lo que sucede en sus propiedades y son facilitadores del paso", dijo Funez.
El patrullaje por los caminos rurales —que actualmente están bloqueados con montículos de tierra y escombros— es constante. "Se hacen recorridos y si se detecta que alguien intenta violar estos bloqueos, se aborda con vehículos no identificables y se solicitan los documentos correspondientes. De no poseer permiso para circular, se da aviso a la Unidad Regional correspondiente y a la Justicia", precisó Funez. Y continuó: "Además acude un equipo del Ministerio de Salud, que verifica el estado sanitario de los demorados".
En caso de corroborar que las personas no tienen autorización, la Justicia resuelve. Si el magistrado ordena la captura del vehículo y la detención de los infractores, se procede a trasladarlos para que realicen el aislamiento en las residencias de la Universidad de La Punta. "El juez puede ordenar la detención, pero generalmente la directiva es que se los escolte a su lugar de origen", manifestó.
