Un fallo de la Cámara Civil de la Primera Circunscripción Judicial de San Luis, que revocó una sentencia que había otorgado una excepción al feedlot Nicanor con respecto a las exigencias ambientales para la producción y le permitía funcionar, fue destacado hoy por un investigador de la Universidad de San Luis (UNSL).
"Es reconfortante que la justicia haya revocado el amparo otorgado a la empresa gracias a una investigación científica que probó que en ciertas épocas del año su uso productivo hizo que se encontrara un 25% de sedimentos" en el recorrido de una cuenca "tan frágil" como la del río de la zona de Estancia Grande, dijo a Télam Hugo Velazco, del Grupo de Estudios Ambientales (GEA) de la casa de estudios.
La cuenta está ubicada a 21 kilómetros al oeste de la ciudad de San Luis.
El establecimiento de engorde de ganado fue clausurado por el Gobierno provincial el 26 de junio de 2018 por los residuos sin tratar de más de 10 mil bovinos que escurrían en dirección al dique La Estrechura.
Lo ocurrido fue denunciado por los habitantes de lugar en febrero de 2017 al grupo de estudios ambientales GEA-IMASL del Conicet, que alertaron sobre la presencia de residuos orgánicos, excremento, pelo y hueso en el arroyo, lo que había generado contaminación en la zona.
El GEA, que forma parte del Instituto de Matemática Aplicada San Luis (IMASL) y del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), inició la investigación que arrojó resultados poco "amigables" para el medioambiente, a través de análisis realizados en "Austria y Estados Unidos", según indicaron.
La investigación se plasmó en un video de la UNSL que relataba las consecuencias de la contaminación para los vecinos con perjuicio para su patrimonio y salud.
El nuevo fallo demuestra que "no hay coronita para nadie en materia de medio ambiente y que la autoridad reguladora actúo rápidamente" para frenar actividades productivas de ese tipo, destacó Velazco.
El fallo de primera instancia ordenaba al Gobierno de San Luis, la municipalidad de Estancia Grande y el SENASA no exigir a la empresa ganadera la normativa que rige la actividad a través de una ley provincial, que es complementaria de la Ley Nacional de Presupuestos Mínimos.
El feedlot Nicanor había presentado en 2011 una categorización para encuadrarse en la Ley de Impacto Ambiental.
Esa legislación fue aprobada recién en 2013, cuando se solicitó a la firma que presentara el estudio de impacto ambiental, pero el feedlot se negó por considerar que sus actividades antecedían a esa legislación.
Fue entonces que el Gobierno provincial dispuso el cese de actividades, que fue cuestionado con un recurso de amparo que resultó favorable a la empresa en primera instancia, pero denegado por la cámara civil.
Fuente: Télam.