El lunes, el diputado provincial y titular del interbloque San Luis Unido, Alejandro Cacace denunció ante el Tribunal de Cuentas de la Provincia al Gobierno de San Luis, por la suscripción de contratos que superan los 50 millones de pesos del Ministerio de Producción de San Luis con Sol Puntano SAPEM y la fundación Sol Puntano. Exige que se investigue la posible comisión de delitos en contra de la administración pública. El legislador sospecha de que se estén aplicando fondos públicos - algo ilegal - para la campaña de Alberto Rodríguez Saá de las elecciones del 16 de junio.
Presentamos una denuncia en el Tribunal de Cuentas Provincial para investigar la posible comisión de delitos en contra de la administración pública en la suscripción de contratos por 50 millones de pesos entre Sol Puntano Sapem y el Ministerio de Producción de San Luis. pic.twitter.com/Edx3QOXVL7
— Alejandro Cacace (@alejandrocacace) May 14, 2019
El legislador anunció la denuncia por su red social Twitter; dichos contratos millonarios deben obligatoriamente ser efectuados mediante el llamado a Licitación Pública, por lo que para Cacace evidencia "una sospechosa urgencia" que intenta, de modo ilegal, aplicar fondos públicos en forma previa a la realización de las elecciones generales convocadas para el día 16 de junio del corriente año.
Evidenciamos una sospechosa urgencia del Ministerio de Producción en aplicar fondos públicos para contratos con Sol Puntano previamente a las elecciones a Gobernador del 16 de Junio. El escrito también lo hicimos llegar al Contador General de la Provincia, Daniel Marone.
— Alejandro Cacace (@alejandrocacace) May 14, 2019
Entre los delitos que se les acusa a los funcionarios provinciales se encuentran: abuso de autoridad, violación de deberes de funcionarios públicos, fraude en perjuicio del estado provincial, falsedad ideológica y peculado. El escrito, presentado este lunes, también llegó a manos del Contador General de la Provincia Daniel Marone.
La denuncia de Cacace le exige al Tribunal de Cuentas que arbitre las medidas necesarias para evitar se consume un daño inminente a la hacienda pública, ordenando la remisión inmediata de los expedientes involucrados bajo apercibimiento de solicitar su secuestro sin perjuicio de las demás sanciones que pudiere corresponder.
Fuente: La Posta de San Luis.