Natalia Caballero
La Ley de Tenencia Responsable de Perros Potencialmente Peligrosos, denominada informalmente como “Ley Lara” fue sancionada por la Cámara de Diputados de San Juan. Las organizaciones proteccionistas locales criticaron la norma, a la que consideran inviable.
Por unanimidad los legisladores aprobaron la iniciativa que recibe su nombre en homenaje a Lara Agüero, la niña de 9 años que falleció tras ser atacada por un pitbull de un vecino en el departamento de Rawson.
La iniciativa legislativa establece una serie obligaciones que deberán cumplir los dueños de animales que respondan a ciertas características de tamaño, peso y fuerza de mordida.
La ley sancionada contempla la creación de un registro de perros, los cuales deberán ser inscriptos desde los tres meses si son de raza o una vez que crezcan si son mestizos y cumplen con las cualidades determinadas.
Los dueños entonces estarán obligados a brindar un registro dando constancia de los datos del perro y de su responsable, quien debe ser mayor de edad; en caso de que el animal llegue a protagonizar un incidente, el mismo deberá quedar asentado.
Para monitorear a los animales, se les deberá implantar un microchip de seguimiento a los mismos. Este procedimiento, que se realizará en la veterinaria, permitirá escanear el dispositivo y acceder a la información de cada perro.
En la vía pública, deberán ser llevados con una correa por sus paseadores, y las viviendas con perros de este tipo deberán exhibir un cartel que advierta sobre la presencia de los mismos. También deberán garantizar una educación correcta de la mascota y tener las vacunas al día.
Solo los criaderos autorizados podrán reproducir estás razas, por lo que tanto machos como hembras de las razas de estas características deberán ser esterilizados al cumplir seis meses, de forma obligatoria. Tampoco podrán ser entrenados para la caza o peleas.
La ley no fue bien recibidas por las organizaciones proteccionistas locales. Cinco de ellas ya se manifestaron en contra, con duras críticas al considerarla impracticable.
Emilia Merino, integrante de la ONG ‘Pitbull en Peligro San Juan’, que rescata mayormente perros entrenados para la pelea, consideró que la norma “es una falta de respeto para los proteccionistas que hacemos el trabajo que el Gobierno no hace”.
“Bajo estas condiciones no podemos trabajar. Esta ley fomenta el abandono, ataques y todos los problemas. Esta ley no contempla a los proteccionistas ni a los refugios. Esta ley es imposible de cumplir”, criticó duramente.
En ese sentido, La referente de la ONG preguntó: “¿Cómo van a monitorear a todos los perros de todas las casas? ¿Cómo van a hacer y ejecutar la ley? ¿Cómo van a controlar a todos los perros, incluyendo los callejeros?”.
Los puntos más polémicos de la ley son el implante de chips, el registro de animales y el seguro para la tenencia, debido al alto costo que conllevan. Los proteccionistas consideran que esto será suficiente para fomentar el abandono o el sacrificio de animales.