El debate y la tensión alrededor del “Caso Franco” continúan levantando polémica en San Juan. En este marco, integrantes de la “Mesa por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito” de San Juan emitió un comunicado apuntando a la Obra Social Provincia en el que le adjudica dilatar el tiempo ante la solicitud de interrupción voluntaria del embarazo. Ante esto, la misma obra social respondió las acusaciones.
Según publicó Diario de Cuyo, en el comunicado de la Mesa recordaron: “Las personas que cursen una gestación menor a 14 semanas que no desean continuar, pueden decidir interrumpir ese embarazo voluntariamente… sólo tienen que solicitarlo en cualquier establecimiento de salud público o privado. Una vez solicitado un aborto, el sistema de salud tiene un plazo de diez días para resolver el pedido”. Además, agregaron que “las obras sociales que demoren más de este tiempo la prestación, pueden ser objeto de demandas legales con sus correspondientes resarcimientos económicos”.
Cabe destacar que el pasado sábado, la Sala III de la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y Minería resolvió “ordenar, como medida cautelar de no innovar”, a la ex pareja de Franco que “se abstenga de realizar cualquier práctica que tienda a interrumpir el embarazo hasta tanto la cuestión de fondo sea resuelta”.
Además, en su declaración, la Mesa exigió derogar “el decreto de prohibición de venta de misoprostol en las farmacias de la provincia” y también que el Gobierno de San Juan implemente la Ley en todos los establecimientos de Salud Pública de la provincia, así como “equipos de salud respetuosos” en los hospitales Rawson y Marcial Quiroga que garanticen el acceso de la ILE/IVE.
Desde la Obra Social Provincia no tardaron en responder a las acusaciones. Fue así que a través de un comunicado, explicaron que “el afiliado directo de la OSP solicita la interrupción voluntaria del embarazo. Con fecha del 16 de abril de 2021, el mismo titular solicita la baja de su pedido para la práctica médica. Lo mencionado está acreditado documentalmente en el expediente 813-002849/21”.
Además, sostuvieron que el 20 de abril, la afiliada indirecta “inicia un nuevo pedido ante esta obra social, que consta en el expediente número 813-002918/21. De acuerdo a la normativa vigente, las instituciones tienen 10 días para expedirse ante un pedido de IVE. Ley N 27.610, Art. 5º-: Derechos en la atención de la salud”.
Para la obra social, el plazo se cumplía el 30 de abril, por lo que “el miércoles 28 de abril, la misma persona que inicio el pedido de IVE solicita mediante una nota la baja de la práctica médica, documentado también el expediente N 813-002918/21/”, indicaron.
“La Obra Social Provincia cumplió con el plazo establecido como lo indica la Ley N 27.610 y garantizo la práctica médica de sus socios, la misma no se hizo efectiva por solicitud de los particulares”, concluyeron.
